lunes, 31 de julio de 2017

ETA NACIÓ EN LAS SACRISTÍAS

Tomado del blog de Jesús María Zaratiegui
 
La estrecha relación entre ciertos sectores de la iglesia vasca y el naciente separatismo de ETA, en las décadas de los 60 y 70, es un hecho bien conocido. No lo es tanto, quizá, el esfuerzo tenaz que los obispos de las diócesis vascas hicieron para encauzar una situación cada día más tensa. Los años del cambio de década fueron, en este sentido, cruciales.
 
En la primavera de 1969 el proceso se aceleró con las detenciones de un grupo de miembros y colaboradores de ETA, entre ellos varios sacerdotes, que desembocaría en el Juicio de Burgos, y el confinamiento de estos clérigos en la cárcel concordataria de Zamora. En este escenario cobra importancia la actividad del Administrador Apostólico de Bilbao, don José María Cirarda, cogido entre dos fuegos: la defensa de sus sacerdotes y el cumplimiento de las leyes vigentes. A finales de 1969 presentaba a la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española una descripción de los acontecimientos que habían tenido lugar y su actuación personal en ellos. A mi juicio, arroja luz sobre la acusación que se hace a Cirarda haber sido contemporizador y faltarle resolución para meter en vereda a un clero levantisco. He aquí el texto completo:
“Mis queridos hermanos: Un deber elemental de fraternidad me obliga a informarles de la gravísima situación pastoral que vive desde hace una semana esta diócesis de Bilbao y de las no menos graves repercusiones de sus causas y consecuencias en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lamento que una vez más sea esta diócesis, cuya administración apostólica tengo encomendada por la Santa Sede, origen de preocupaciones dolorosas. Pero creo poder afirmar humildemente ante el Señor que, culpable como soy de muchas faltas en todo, no creo ser responsable de lo que hoy nos preocupa y es causa de esta carta.
 
Quiero informarles lo más brevemente posible y de modo directo, y que la prensa o ha silenciado los hechos o sólo los ha dado con información parcial, cuando no deformada.
 
Los antecedentes
Desde hace más de un año -desde los días dramáticos de abril y mayo de 1969- el Sr. Gobernador Civil de la provincia y yo hemos trabajado para evitar roces; procurando resolver de modo callado y con la mayor comprensión mutua las continuas complicaciones que se presentan por distintas causas entre nuestras dos jurisdicciones en una provincia tan compleja religiosa y políticamente como Vizcaya; complicaciones multiplicadas por la continua aplicación de la ley contra bandidaje y terrorismo en nuestra provincia desde primavera del 69.
 
En virtud de esta ley vienen actuando cuatro juzgados eventuales militares en Bilbao, desde hace un año. Y a ellos se llevan desde hechos que pueden suponer graves atentados contra el orden público, hasta supuestas faltas de sacerdotes en su predicación denunciadas por un feligrés o por algún agente de policía o fuerza pública destacado en un pueblecito.
  
Las peticiones para procesar a sacerdotes en este tiempo han sido muchas. He concedido aquellas en las que los sacerdotes pudieran aparecer implicados en una acción extraña a su misión. Y he negado permiso para procesar a un sacerdote cuando la falta de que se le acusaba, se refería a alguna posible demasía en su predicación. Mi negación se fundaba, en ocasiones, en constarme la absoluta falsedad de la denuncia, como en algún caso en que la homilía había sido escrita y leída y tenía yo el texto en el que nada había condenable. En otras ocasiones, cuando no tenía tal certeza, me fundaba en el principio de afirmarme juez de los actos ministeriales de mis sacerdotes, para juzgarlos, castigarlos si había falta canónica -tengo dos sacerdotes suspendidos de predicación en estos momentos-, dispuesto a conceder el juicio del Estado si hubiere hallado causa, cuya falta lesionara gravemente las leyes del Estado.
 
Debo añadir también, dentro de estos antecedentes, que la voz extendida de malos tratos por parte de algunos agentes de la autoridad contra algunos detenidos, antes de su ingreso en establecimientos penitenciarios, de que hablamos el obispo de San Sebastián y un servidor en nuestra Pastoral Conjunta de noviembre, no solo no se acalló en los meses de abril y mayo. Por desgracia tengo testimonios dolorosos de algún sacerdote y de militantes seglares afectados. Y a pesar del secreto innato a esta clase de sumarios, es ya conocida por muchos la existencia de expedientes que se siguen contra algunos agentes de la autoridad por este motivo. El haberse abierto estos expedientes honra al Estado, de un lado, pero, de otro, da más vuelo a la dicha voz. La observación importa porque, en no pocas ocasiones, las denuncias contra sacerdotes se relacionaban con predicaciones en las que se hablaba de algunos de estos malos tratos. No juzgo ahora ni el qué ni el cómo de tales predicaciones, que pudieran ser conformes, o no, con lo debido. Señalo simplemente los hechos.
 
En este clima, durante este año, especialmente desde febrero, han sido muchos los sacerdotes llamados a declarar, una y otra vez, ante los distintos juzgados militares, pidiéndoles cuenta de sus homilías predicadas hace un año. Por mi parte hice ver a las autoridades, y en ocasiones a los mismos jueces, que, aun suponiendo que hubiese habido alguna falta en algunas predicaciones -hipótesis no imposible, como es claro- era mayor el daño que se estaba haciendo a la Iglesia y a la Patria con esas continuas llamadas ante los tribunales, de sacerdotes, algunos venerables por años y por servicios, creando un ambiente de desasosiego y dando lugar a una protesta fundada contra las injerencias en la acción ministerial.
 
Los hechos del 1 de junio
Inesperadamente el 1 del pasado junio, diez sacerdotes fueron llamados una vez más ante el juzgado militar eventual nº 4. Uno no se presentó y los otros nueve, entre los que había un anciano de 68 años, enfermo del corazón, fueron detenidos por un decreto del Excmo. Sr. Capitán General de Burgos, que cerraba expediente judicial penando con un arresto menor de uno, dos o tres meses, a dichos sacerdotes por “leve falta de ligera irrespetuosidad y ofensa a la autoridad militar”, cometida en distintas homilías de abril, mayo y junio de 1969. Los nueve sacerdotes fueron llevados a la prisión de Zamora, sin darles tiempo a recoger ni ropa, ni breviario ni medicinas (dos de ellos son enfermos) ni nada.
 
Nada se me había comunicado. De algunos de los sacerdotes sabía que habían sido llamados varias veces y conocía su presunta falta, que como obispo no podía calificar de tal. De los otros nada puedo juzgar porque ignoro todo fuera de la comunicación de la detención, que se me hizo después de hecho el traslado de los sacerdotes.
 
El problema concordatario
La autoridad militar me dijo que no era necesario ningún permiso concordatario porque se había actuado con sanciones gubernativas por faltas del Código de Justicia Militar, art. 443. Reuní inmediatamente mis asesores peritos en derecho canónico y español; y, tras profundo estudio, todos me dijeron unánimemente que la infracción del concordato era evidente, porque la pena se había impuesto en una causa criminal sin previo consentimiento del Ordinario. En Madrid reuní, igualmente a otros asesores, entre ellos algún catedrático de Universidad y algún penalista, y coincidieron unánimemente con el informe de sus compañeros de Bilbao.
 
Por otra parte, todos veíamos una injerencia contra la libertad de la Iglesia en la constante llamada de sacerdotes a los tribunales sin notificación siquiera al Prelado, para inquisiciones sobre homilías, tanto más delicadas y graves cuanto que los jueces instructores, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, no son peritos en leyes sino jefes de las distintas armas.
 
La conmoción de la diócesis
La noticia, aunque la prensa la calló o la dio muy veladamente, se extendió rápidamente en la diócesis. Y causó una conmoción violenta en el clero, en los militantes seglares y en gran parte de la población, sobre todo en las amplias zonas afectadas. Sólo en Sestao, población de 40.000 habitantes, eran cinco los sacerdotes detenidos.
 
El domingo, día 7, estuvo a punto de producirse una situación dramática, porque gran parte del clero quería cerrar los templos y tomar otras medidas de protesta airada. Tras largas sesiones del Consejo del Presbiterio consiguieron hacer serenidad en los más. Y se celebró la Eucaristía normalmente en toda la diócesis, con excepción de un pueblo, en que los sacerdotes cerraron sus templos, por lo que les he reprendido seriamente. En Sestao fuimos el Vicario General y un servidor a celebrar algunas misas para cubrir la falta de los cinco sacerdotes, tres de ellos párrocos. Pero la conmoción continúa, sin que sea posible predecir las consecuencias pastorales del problema.
 
Mi actitud como Obispo
Cinco han sido mis reacciones como Obispo en la difícil situación:
  1. Informar de todo a la Santa Sede, con envío de toda la documentación en mi poder, sometiendo a su superior juicio mi propio parecer;
  2. Informar al Presidente de la Conferencia Episcopal, a quien he enviado también parte de la documentación que poseo;
  3. Elevar al Gobierno de la nación mi enérgica protesta, mediante un telegrama del día 2 al Ministro de Justicia, y dos cartas de los días 3 y 9, en las que explico la génesis y consecuencias de todo el problema;
  4. Multiplicar mis contactos con los sacerdotes para ayudar a la serenidad;
  5. Publicar una Carta Pastoral, elaborada con el apoyo unánime del Presbiterio, que fue leída el sábado y domingo, 6 y 7, en todos los templos de la diócesis.
 
La carta pastoral
La carta pastoral, que se publicará el próximo Boletín de la diócesis, tiene las siguientes partes, tras una introducción:
  1. Exposición del hecho de las detenciones;
  2. Reflexión sobre algunas exigencias que él plantea en nuestra pastoral diocesana, al haber sacado violentamente a la superficie un estado larvado de malestar;
  3. Un análisis del hecho en dos planos:
    • El de los derechos de la Iglesia afectados: injerencia de la autoridad estatal en la acción de la Iglesia; infracción del Concordato; derecho de la Iglesia a juzgar si la acción ministerial de sus sacerdotes es, o no, conforme con su misión y el querer de la Iglesia, para aprobar, condenar conforme a código canónico, o entregar la causa al fuero no eclesiástico.
    • El de los derechos humanos en general, porque la libertad de la Iglesia tiene que encuadrarse en la general de todos los ciudadanos, para lo que se requieren leyes e instituciones que garanticen eficazmente los derechos y las legítimas libertades ciudadanas.
    En este análisis se insiste en una idea ya expuesta en la Pastoral Conjunta de los Obispos de San Sebastián y Bilbao sobre la necesidad de superar nuestra fácil tendencia al totalitarismo y a la instrumentalización de la Iglesia.
  4. Se cierra la Carta con un reconocimiento de faltas de nuestra Iglesia local, y con un propósito de trabajar a fin de ser más evangélicos y cumplidores de nuestra misión salvadora de los hombres y del mundo, poniendo la esperanza en la Virgen María para todo ello.
 
El estado público de un problema
No quiero cerrar esta comunicación, sin salir al paso de una fácil acusación que algunos pudieran hacerme. Lo diré copiando parte de mi carta del 9 de junio al Sr. Ministro de Justicia:
“Me preocupa que algunos me acusen de dar estado público a cosas que debiera resolver de otro modo. Y, aunque me sé responsable de muchas faltas, creo ser inocente de esa. Así se lo manifiesto a un superior mío en carta, de la que creo poder copiarle este párrafo:
“Siento muchísimo crear conflictos entre Iglesia y Estado, o mejor dicho verme envuelto en ellos; y actúo, equivocada o acertadamente con la mejor buena voluntad, en la línea en que creo me obliga mi deber pastoral. Sé que algunos podrán pensar que no debiera dar estado público a algunas cuestiones pero debo decir que cuando un problema se ha planteado a nivel no público, por grave que haya sido, jamás he dicho nada en público por fuertes que hayan sido mis notas al Gobierno o mi exposición a la Santa Sede -mi documentación en este punto es mucha-; pero cuando, sin yo quererlo y aun lamentandolo mucho, el problema lo plantean algunas autoridades a nivel público conmocionando a toda la diócesis, no creo tener otro remedio que hablar también en público con claridad y con caridad, a la vez que sometiendo, sin embargo, mi parecer en todo caso a mis superiores”.
 
Cierro esta ya larga carta. He querido con ella informar a los hermanos ante los hechos con la mayor objetividad, tal como los veo desde su centro mismo. Dos fines me han movido: el darles posibilidad de no desorientarse por informaciones parciales o aun falsas que puedan llegarles, y urgirles una oración por esta diócesis de Bilbao, la mía de Santander a la que casi no puedo atender, y también por mí. Mucho he sufrido estos días. Más, en no pocos aspectos, que hace un año cuando los sucesos de abril y mayo. Lo ofrezco en reparación por mis muchos pecados y los de nuestra Iglesia. Y también pidiendo al Señor, capaz de escribir derecho con líneas torcidas, que esta torcidísima línea en que nos han colocado los últimos acontecimientos se convierta en bien por su gracia, ¡Bendito sea el Señor si hace que todos esos sufrimientos sirvan en algo para que las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia sean sanamente cooperadoras, pero salva la independencia y autonomía debida de ambas potestades, como quiere el Concilio y nos ha pedido especialmente la Santa Sede a los Obispos españoles! Unido a todos, a los que aprueban generosamente mi conducta y más todavía, en caridad mayor, a los que critiquen unos u otros fallos, queda siempre afmo.
  
Hermano en Cristo, 
  
José María Cirarda”

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