Noticia tomada de ABC (España). Comentarios propios.
La decisión de Lucía Caram y Teresa Forcades de participar activamente en política podría acarrearles la expulsión de sus respectivas órdenes religiosas [MILES CHISTI dixit: "¿Sólo por eso, y no también por herejía? Claro, si en la Iglesia Conciliar la herejía es ley"]. «Siempre es la última opción», precisa a ABC un experto en Derecho Canónico, que explica que para para no tener que llegar a este medida extrema, las superioras de sus congregaciones «suelen dar una serie de avisos y advertencias a la persona implicada».
María Lucía Caram Padilla OP y Teresa Forcades Vila OSB, las monjas insignias del conciliarismo
La opción de iniciar un «procedimiento jurídico» para determinar si la persona debe ser expulsada es «competencia inmediata» de la propia superiora, aunque también «podría hacerlo el obispo de la diócesis» en virtud de su responsabilidad por «velar por el bien común de la Iglesia» [MILES CHRISTI dixit: Como si les importara]. Este proceso, que debe «garantizar en todo momento el derecho de defensa», se encuentra «delimitado en las propias constituciones de las respectivas congregaciones» a la que pertenecen esta religiosas.
Si la persona implicada no está de acuerdo con el fallo podría incluso presentar un recurso ante la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y en última instancia también ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. En el caso finalmente de ser expulsadas de sus congregaciones, Lucía Caram y Teresa Forcades «dejarían de ser religiosas y pasarían a ser laicas no consagradas», precisa el canonista.
Lo más habitual es no tener que recurrir a estos procesos jurídicos sino que sean las propias religiosas las que decidan dejar la orden. En ese caso podrían pedir la dispensa de los votos, y normalmente se la conceden.
No es la primera vez que una persona consagrada decide dedicarse a la política. Benedicto XVI concedió en julio de 2008 la dispensa de la promesa de celibato al hasta entonces obispo de Paraguay, Fernando Lugo, después de fuera elegido presidente del país el 20 de abril de ese año. Aunque fue el propio obispo quien pidió «la pérdida del estado clerical», técnicamente fue una «expulsión del estado sacerdotal», que conlleva automáticamente, dejar de ser obispo.
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