Por Luis Rivas para SPUTNIK NEWS (antes RIA-NOVOSTI)
«Puerto Rico es la mejor respuesta a Castro» («The best answer to Castro»). Así defendía en los años 60 el Profesor e ideólogo norteamericano, Earl Parker Hanson, el sistema de Estado Libre Asociado. Más de cincuenta años después, la vitrina que pretendía vender el modelo de Puerto Rico a una América Latina en plena lucha por su liberación, le puede explotar en pleno rostro a la potencia colonial que dirige los destinos de la isla desde 1898.
Puerto Rico aparece poco en la prensa internacional. Estas últimas semanas ha cobrado protagonismo por el efecto rebote de la crisis griega. Boriquén sufre el calificativo más negativo producto de la poca imaginación de nosotros, los periodistas: «la Grecia de América».
Volviendo a la actualidad, la crisis de la deuda puertorriqueña es el culmen de una crisis político-económica que ha llevado al desempleo a un 12 por ciento de la población (más del doble que en la metrópoli) y al éxodo hacia Estados Unidos a cientos de miles de personas (mil familias al mes).
El fin de las exenciones fiscales a las empresas norteamericanas, decretado en 1996 y adoptado definitivamente en 2006, fue el inicio de dos décadas de estancamiento. Puerto Rico es un mercado cautivo que importa de Estados Unidos, a precios más elevados de los continentales, la inmensa mayoría de los bienes que consume. Es ese estatus de ELA el que propicia también aberraciones como el hecho de que cualquier mercancía destinada desde el extranjero a Puerto Rico debe ser desviada a puertos estadounidenses, descargada allí, y recargada en otros barcos de bandera estadounidense, con el coste consiguiente.
Mercado cautivo
El gobernador de la isla caribeña busca desesperadamente apoyos en el Senado de Washington D.C. para poder acogerse a la Ley de Quiebra de la legislación norteamericana. Puerto Rico debe 73 mil millones de dólares y su jefe de gobierno, Alejandro García Padilla, ya avisó hace semanas que esta deuda «es impagable». Cuando se escriben estas líneas, algunos senadores intentaban convencer a sus pares de la necesidad de aceder a la petición antes de las vacaciones de agosto. Hillary Clinton era de los pocos políticos norteamericanos que pedía públicamente encontrar una solución a la deuda puertorriqueña.
Ocupada militarmente por Estados Unidos en 1898, como botín de la guerra hispano-norteamericana, Puerto Rico nunca ha sido independiente, pero eso no significa que el fervor nacionalista e independentista no haya estado presente a lo largo de su historia. En 1952, Washington inventó el actual estatus de la isla, el "Estado Libre Asociado" (ELA) que, resumiendo, otorga a los puertorriqueños el pasaporte USA, pero la Defensa, la aduana, la política exterior o la moneda quedan en manos de la metrópoli, que no aplica al territorio caribeño las mismas leyes federales que rigen en los 50 estados de la Unión.
Durante décadas, la isla ha servido de base militar a la Marina estadounidense, que ha dañado a cañonazos la pequeña isla de Vieques; las facilidades otorgadas a las compañías farmacéuticas norteamericanas para instalarse en Puerto Rico les confirió el derecho de tratar como cobaya a la población local. Así, miles de mujeres boricuas quedaron esterilizadas al «experimentar» píldoras anticonceptivas fabricadas por ciertos laboratorios. Los puertorriqueños son norteamericanos de segunda división en la vida pública, pero no para engrosar las filas del ejército, donde han sido utilizados como carne de cañón en todas las guerras donde la US Army ha estado implicada en el Siglo XX.
El puertorriqueño, Óscar López Rivera, ostenta el triste título de ser el preso político más antiguo de América; lleva más de 30 años en diferentes prisiones federales, lejos de su isla, acusado de "conspiración para la sedición". López Rivera, independentista, fue miembro de las Fuerza Armadas de Liberación Nacional, (FALN), un grupo que protagonizó más de cien acciones armadas durante los años 70. Por cierto, a López Rivera no se le imputa ningún acto que acabara con víctimas mortales.
Los prisioneros políticos boricuas siempre han tenido el triste honor de batir los récords de estancia en las mazmorras federales. Recordemos a Lolita Lebrón, uno de los cuatro militantes independentistas que irrumpieron a tiros en el Congreso norteamericano en 1954, sin causar, tampoco aquí, ninguna muerte. Lebrón fue amnistiada por el presidente Carter en 1979.
Los puertorriqueños pagan más impuestos sobre la renta que los residentes en la Unión, pero a pesar de ello, los ingresos fiscales no llegan a cubrir los gastos del gobierno. Los independentistas y la izquierda puertorriqueña datan el origen de la crisis en la aplicación de medidas ultraliberales al inicio de los años 90 por parte del gobernador de la época, Pedro Roselló, líder del conservador Partido Nacional Progresista, el «hermano» isleño del Partido Republicano. Roselló, gran admirador de las políticas de Ronald Reagan y Margareth Thatcher, inició el desmantelamiento del sector público que sus sucesores continuaron, desde la sanidad a la telefonía, pasando por la Universidad. Sus rivales del Partido Progresista Democrático, no frenaron esta política de liberalización.
El actual gobernador de la isla, García Padilla, del PPD, pidió a expertos del FMI y del Banco Mundial la elaboración de un plan de reformas para intentar reducir el déficit público. El resultado no podía sorprender a nadie; las dos instituciones solo conocen un tipo de respuesta: reducción de salarios, bajada del salario mínimo, rebajas en el coste de las horas extra, recortes en el número de empleados públicos, disminución de la retribución por desempleo…
Cierto es también que el sistema del ELA que tanto ha satisfecho a Estados Unidos, ha sido generoso con el llamado «mantengo», los cupones para alimentos y otros productos que han aniquilado en muchos casos la ambición por mejorar y buscar un futuro menos dependiente. Sin los cupones, el desempleo hubiera sido insufrible y el peligro de masivas protestas sociales un hecho imparable. Se compró la paz social y se eliminó en gran medida la dignidad de las personas. Los «sabios» del FMI y el BM subrayaban también que las ayudas sociales son tan elevadas que frenan la voluntad de aceptar un empleo. Insistían, asimismo, en denunciar que en 10 años se ha reducido en un 40 por ciento el número de estudiantes, mientras que se ha aumentado en un 10 por ciento el de maestros públicos.
La crisis de la deuda puertorriqueña parece señalar el fin de un sistema, el ELA, incapaz de sellar ya las goteras por las que hace agua la panacea impuesta hace más de 60 años.
El representante de Puerto Rico en Washington y líder de la oposissión en la isla, Pedro Pierluisi, propone que la solución para la crisis de su nación pasa por obtener la estadidad, es decir, convertirse en el 51 estado de la Unión. Pierluisi, que pone como ejemplo la incorporación de Hawai a los Estados Unidos, ha presentado un plan para realizar un referéndun en la isla en 2017. Si se impusiera la opinión que su partido defiende, convertirse en «una estrellita más», la isla ser convertiría en Estado en 2021.
«Puerto Rico es la mejor respuesta a Castro» («The best answer to Castro»). Así defendía en los años 60 el Profesor e ideólogo norteamericano, Earl Parker Hanson, el sistema de Estado Libre Asociado. Más de cincuenta años después, la vitrina que pretendía vender el modelo de Puerto Rico a una América Latina en plena lucha por su liberación, le puede explotar en pleno rostro a la potencia colonial que dirige los destinos de la isla desde 1898.
Puerto Rico aparece poco en la prensa internacional. Estas últimas semanas ha cobrado protagonismo por el efecto rebote de la crisis griega. Boriquén sufre el calificativo más negativo producto de la poca imaginación de nosotros, los periodistas: «la Grecia de América».
Volviendo a la actualidad, la crisis de la deuda puertorriqueña es el culmen de una crisis político-económica que ha llevado al desempleo a un 12 por ciento de la población (más del doble que en la metrópoli) y al éxodo hacia Estados Unidos a cientos de miles de personas (mil familias al mes).
El fin de las exenciones fiscales a las empresas norteamericanas, decretado en 1996 y adoptado definitivamente en 2006, fue el inicio de dos décadas de estancamiento. Puerto Rico es un mercado cautivo que importa de Estados Unidos, a precios más elevados de los continentales, la inmensa mayoría de los bienes que consume. Es ese estatus de ELA el que propicia también aberraciones como el hecho de que cualquier mercancía destinada desde el extranjero a Puerto Rico debe ser desviada a puertos estadounidenses, descargada allí, y recargada en otros barcos de bandera estadounidense, con el coste consiguiente.
Mercado cautivo
El gobernador de la isla caribeña busca desesperadamente apoyos en el Senado de Washington D.C. para poder acogerse a la Ley de Quiebra de la legislación norteamericana. Puerto Rico debe 73 mil millones de dólares y su jefe de gobierno, Alejandro García Padilla, ya avisó hace semanas que esta deuda «es impagable». Cuando se escriben estas líneas, algunos senadores intentaban convencer a sus pares de la necesidad de aceder a la petición antes de las vacaciones de agosto. Hillary Clinton era de los pocos políticos norteamericanos que pedía públicamente encontrar una solución a la deuda puertorriqueña.
Ocupada militarmente por Estados Unidos en 1898, como botín de la guerra hispano-norteamericana, Puerto Rico nunca ha sido independiente, pero eso no significa que el fervor nacionalista e independentista no haya estado presente a lo largo de su historia. En 1952, Washington inventó el actual estatus de la isla, el "Estado Libre Asociado" (ELA) que, resumiendo, otorga a los puertorriqueños el pasaporte USA, pero la Defensa, la aduana, la política exterior o la moneda quedan en manos de la metrópoli, que no aplica al territorio caribeño las mismas leyes federales que rigen en los 50 estados de la Unión.
Durante décadas, la isla ha servido de base militar a la Marina estadounidense, que ha dañado a cañonazos la pequeña isla de Vieques; las facilidades otorgadas a las compañías farmacéuticas norteamericanas para instalarse en Puerto Rico les confirió el derecho de tratar como cobaya a la población local. Así, miles de mujeres boricuas quedaron esterilizadas al «experimentar» píldoras anticonceptivas fabricadas por ciertos laboratorios. Los puertorriqueños son norteamericanos de segunda división en la vida pública, pero no para engrosar las filas del ejército, donde han sido utilizados como carne de cañón en todas las guerras donde la US Army ha estado implicada en el Siglo XX.
El puertorriqueño, Óscar López Rivera, ostenta el triste título de ser el preso político más antiguo de América; lleva más de 30 años en diferentes prisiones federales, lejos de su isla, acusado de "conspiración para la sedición". López Rivera, independentista, fue miembro de las Fuerza Armadas de Liberación Nacional, (FALN), un grupo que protagonizó más de cien acciones armadas durante los años 70. Por cierto, a López Rivera no se le imputa ningún acto que acabara con víctimas mortales.
Los prisioneros políticos boricuas siempre han tenido el triste honor de batir los récords de estancia en las mazmorras federales. Recordemos a Lolita Lebrón, uno de los cuatro militantes independentistas que irrumpieron a tiros en el Congreso norteamericano en 1954, sin causar, tampoco aquí, ninguna muerte. Lebrón fue amnistiada por el presidente Carter en 1979.
Los puertorriqueños pagan más impuestos sobre la renta que los residentes en la Unión, pero a pesar de ello, los ingresos fiscales no llegan a cubrir los gastos del gobierno. Los independentistas y la izquierda puertorriqueña datan el origen de la crisis en la aplicación de medidas ultraliberales al inicio de los años 90 por parte del gobernador de la época, Pedro Roselló, líder del conservador Partido Nacional Progresista, el «hermano» isleño del Partido Republicano. Roselló, gran admirador de las políticas de Ronald Reagan y Margareth Thatcher, inició el desmantelamiento del sector público que sus sucesores continuaron, desde la sanidad a la telefonía, pasando por la Universidad. Sus rivales del Partido Progresista Democrático, no frenaron esta política de liberalización.
El actual gobernador de la isla, García Padilla, del PPD, pidió a expertos del FMI y del Banco Mundial la elaboración de un plan de reformas para intentar reducir el déficit público. El resultado no podía sorprender a nadie; las dos instituciones solo conocen un tipo de respuesta: reducción de salarios, bajada del salario mínimo, rebajas en el coste de las horas extra, recortes en el número de empleados públicos, disminución de la retribución por desempleo…
Cierto es también que el sistema del ELA que tanto ha satisfecho a Estados Unidos, ha sido generoso con el llamado «mantengo», los cupones para alimentos y otros productos que han aniquilado en muchos casos la ambición por mejorar y buscar un futuro menos dependiente. Sin los cupones, el desempleo hubiera sido insufrible y el peligro de masivas protestas sociales un hecho imparable. Se compró la paz social y se eliminó en gran medida la dignidad de las personas. Los «sabios» del FMI y el BM subrayaban también que las ayudas sociales son tan elevadas que frenan la voluntad de aceptar un empleo. Insistían, asimismo, en denunciar que en 10 años se ha reducido en un 40 por ciento el número de estudiantes, mientras que se ha aumentado en un 10 por ciento el de maestros públicos.
La crisis de la deuda puertorriqueña parece señalar el fin de un sistema, el ELA, incapaz de sellar ya las goteras por las que hace agua la panacea impuesta hace más de 60 años.
El representante de Puerto Rico en Washington y líder de la oposissión en la isla, Pedro Pierluisi, propone que la solución para la crisis de su nación pasa por obtener la estadidad, es decir, convertirse en el 51 estado de la Unión. Pierluisi, que pone como ejemplo la incorporación de Hawai a los Estados Unidos, ha presentado un plan para realizar un referéndun en la isla en 2017. Si se impusiera la opinión que su partido defiende, convertirse en «una estrellita más», la isla ser convertiría en Estado en 2021.
¿Consentirían los legisladores norteamericanos un nuevo estado con una minoría independentista de un 5% de la población? ¿Estados Unidos tiene interés en acoger un nuevo territorio con características tan diferenciadas?
Un «estado latino»
Puerto Rico, a pesar de décadas de asimilación política por parte de Washington y de aislamiento forzado de su contexto latinoamericano, mantiene una homogeneidad cultural, sustentada en buena parte en la lengua. ¿Aceptarían los congresistas norteamericanos un estado hispanófono?
Después de 113 años bajo la tutela norteamericana, los puertorriqueños de la isla, que deben aprender también inglés en la escuela, han hecho del idioma español una de sus armas de diferenciación. A ello hay que añadir la homogeneidad étnica. Cuando Hawai se convirtió en el 50 estado, apenas quedaba población autóctona. Se dirá que en Puerto Rico tampoco quedan taínos, guanacahibes o caribes, pero en Estados Unidos sería considerado como un «estado latino» y, por lo tanto, diferente a los 50 existentes. A los casi cuatro millones de puertorriqueños que habitan Boriquén, habría que añadir los casi cinco que viven en territorio continental. ¿Más de nueve millones de puertorriqueños podrían diluirse como teórica fuerza política o se unirían en la lucha por determinados fines?
¿Cederían los congresistas del Capitolio en aplicar las leyes federales en Puerto Rico, territorio hasta ahora alejado de las ventajas económicas que suponer ser un estado a parte entera de la Unión?
Hasta ahora, los puertorriqueños han respaldado la opción del Estado Libre Asociado. Para muchos era una manera de no sentirse completamente fagocitados por otro país. Pero va creciendo una mayoría cansada de un estatus con más de seis décadas de ambigüedad y antigüedad. Por primera vez en su historia, los puertorriqueños expresaron en 2012 mediante referéndum su deseo de convertirse en el 51 estado norteamericano. Era una votación no vinculante, como las celebradas en los años 1967, 1993 y 1998, en las que se impuso la opción por el Estado Libre Asociado.
La crisis actual de Puerto Rico y el debate sobre su futuro estatus coincide con el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Barack Obama se ha empeñado en normalizar las relaciones entre los dos países mientras los puertorriqueños se sienten algo ninguneados por el inquilino de la Casa Blanca. Cuba abanderó siempre en la ONU las denuncias al carácter colonial del estatus de Puerto Rico. La postura de La Habana formaba parte del juego de la guerra fría en las aguas del Caribe.
Puerto Rico ya no puede ser jaleada como «la mejor respuesta a Castro». Para Unidos el dilema en el futuro ya no serán tres opciones: estadidad, ELA o independencia. La solución será o independencia o añadir un estado más a la federación. En cualquier caso, Obama y su administración se ven obligados estos días a volver la vista hacia «su territorio» antillano. La crisis financiera podría afectar seriamente a la recuperación económica continental.
Cuba es un asunto importante y casi todos celebran la nueva era de relaciones entre La Habana y Washington DC. En esa dinámica política, a Obama le vendría bien escuchar la canción de Pablo Milanés «Son de Cuba a Puerto Rico», uno de cuyas estrofas dice: «Cuba y Puerto Rico son de un pajaro las dos alas».
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