«LA “CUSTODIA DE MENORES”, UN NEGOCIO OBSCENO» (EX-MAGISTRADO ITALIANO)

Traducción del artículo publicado en PANORAMA (Italia) - Vía RADIO SPADA.

  

«FUI JUEZ EN EL TRIBUNAL DE MENORES DE BOLONIA. PERO HE DEBIDO DEJARLO: UN NEGOCIO OBSCENO».

 

  

Parece un hombre pensativo y tal vez triste, Francesco Morcavallo. Si de veras lo es, el motivo es una derrota. Porque, a pesar de una batalla que duró casi cuatro años, no fue obligado a retroceder ni un milímetro de lo que considera un «mecanismo perverso» y además «el más obsceno negocio italiano»: la custodia demasiado fácil de decenas de miles de niños y niñas a la implacable máquina de la justicia.

 

Desde septiembre de 2009 a mayo de 2013 como juez en el Tribunal de Menores de Bolonia, Morcavallo ha visto tantos, de aquellos dramáticos recorridos que inician con la sustracción a las familias y acaban con aquello que él define como el «internamiento» (a menudo por años) en los institutos y en las comunidades gobernadas por servicios sociales. De magistrado, Morcavallo ha combatido una guerra también cultural contra aquello que veía en torno a sí. Ha intentado corregir comportamientos incorrectos, ha buscado contrastar increíbles conflictos de interés. Ha también denunciado abusos y algún ilícito. Fue a su vez golpeado por exposiciones, y ha salido ileso, pero despuès ho lo ha hecho y ha cambiado de camino: a los 34 años ha dejado la toga y desde hace pocos meses es abogado en Roma, en el estudio paterno. Se ocupa de sociedades y sucesiones. Y también del derecho de familia, su pasión.

  

Dottor Morcavallo, ¿cuántos son en un año los alejamientos decididos por un tribunal de menores «medio», como el de Bolonia? ¿Son decenas, cientos?
Son miles. Pero la verdad es que ninguno sabe verdaderamente cuàntos son, en ninguna parte de Italia. El estudio más reciente, quizá también el único en la materia, es del 2010: el ministerio del Trabajo y de las políticas sociales calculaba que al 31 de diciembre de aquel año los niños y los jóvenes sacados de sus familias fuesen en total 39.698. Solo en Emilia eran 3.599. Pero la estadística ministerial es muy inferior a la verdad; yo creo que un número realista supera los 50 mil casos. Y que prevalece el abandono.

  

¿El abandono?
Cuando llegué a Bolonia, en el 2009, habían casi 25 mil procedimientos abiertos, muchísimos de tantos, demasiados años. Encontré un expediente que remontaba precisamente al 1979: paradójicamente se refería a un coetáneo mío, evidentemente dado en custodia aún en pañales a los servicios sociales y después «seguido» hasta la mayoría de edad, sin interrupción. El expediente estaba todavía allí, nadie lo había cerrado nunca.

  

¿Y qué otra cosa encontró, en el Tribunal de Bolonia?
Éramos siete los jueces togados, incluido el presidente Maurizio Millo. Después eran 28-30 jueces honorarios: psicólogos, médicos, sociólogos, asistentes sociales.

  

¿Cómo se desarrollaba el trabajo?
Los colegios judicantes, como prevé la ley, habrían debido estar formados por dos togados y por dos honorarios: escogidos en modo automático, con lógicas neutrales, prestablecidos. En cambio reinaba una aparente confusión. El resultado era que los colegios se componían «en geometría variable». Con un solo objetivo.

  

¿Cuál?
En la sala se reunía una decena de jueces, que trataban los distintos casos; de vez en vez los cuatro «decisores» que habrían después debido firmar la ordenanza eran escogidos por cooptación, exclusivamente sobre la base de las opiniones manifestadas. En resumen, todo estaba organizado en modo de hacer prevalecer la impostación de los servicios sociales, siempre e inevitablemente favorables al alejamiento del menor.

  

¿Y usted qué hizo?
Comencé enseguida a discrepar con muchos colegas y sobre todo con el presidente Millo. Nuestras impostaciones eran demasiado diferentes: yo siempre he sido convencido que el interés del menor debe prevalecer, y que su permanencia en la familia, allá dodne sea posible, coincida con este interés. Es la línea «menos invasiva», la misma seguida por la Corte Constitucional y la Corte europea de los derechos del hombre.

  

¿Los otros jueces tenían ideas diferentes a las suyas?
Sí. Estaban por el alejamiento, casi siempre. Solamente un colega anciano veía como yo: Guido Stanzani. Era magistrado desde 1970, un hombre honesto y serio. Y también algún juez honorario compartía nuestro compromiso: en particular el psicólogo Mauro Imparato.

  

¿Qué sucedía? ¿Cómo se abrían los procedimientos?
En la extragrande mayoría de los casos se trataba de alejamientos de las familias por motivos económicos o porque los padres eran considerados «inadecuados».

  

¿Qué quiere decir «inadecuado»?
Basta que llegue una señalación de los servicios sociales; basta que un psicólogo establezca que los padres están «demasiado concentrados sobre sí mismos». En muchos casos, es evidente, se trata de hechos instrumentales, que parten de separaciones conflictuales. El problema es que todos los actos del tribunal son inapelables.

  

¿Por qué?
Porque se trata de providencias formalmente «provisorias». El alejamiento de la familia, por ejemplo, es por su naturaleza un acto provisorio. Así, incluso si dura años, por ley no puede ser objeto de un recurso de apelación. Además, no se puede oponer; ni el mejor abogado puede hacer nada.

  

Entre las causas de alejamiento, sin embargo, hay también las denuncias de abusos sexuales en la familia. ¿En aquellos casos no está bien usar toda posible cautela?
Donde se trataba de presuntas violencias, una cuota algo inferior al 5 por ciento, yo e Bolonia he visto que muchos casos se abrían irritualmente a causa de cartas anónimas. Era el clásico vecino que escribía: atención, en aquella casa molestan a los hijos. No había ninguna prueba. Pero los servicios sociales señalaban y el tribunal alejaba. Un arbitrio y un abuso grave, porque una denuncia anónima debería ser desechada. En cambio bastaba para justificar la custodia. Del resto, si se piensa que muchos jueces honorarios estaban y están en conflicto de intereses, hay que explicar el por qué.

¿Qué quiere decir?
¿Quiénes son los jueces honorarios? Son psicólogos, sociólogos, médicos, asistentes sociales. Que a menudo han fundado institutos. Y a veces precisamente los mismos casos de custodia que toman en cargo los niños sustraídos a las familias, y precisamente por una ordenanza en la que han participado.

  

¿Posible?
En Bolonia me encontré en audiencia un juez honorario que estaba allí, contemporáneamente, también como «tutor» del menor sobre cuya custodia debíamos juzgar.

  

¿Pero son retribuídos, los jueces honorarios?
Sí. Un tanto por una audiencia, un tanto por todo acto. Insisto: algunos hacen 20-30 audiencias a la semana y cobran los honorarios del tribunal, pero entretanto trabajan también para los institutos, las coperativas que acogen a los menores. Es un business obsceno y rico, porque casi siempre niños y jóvenes son dados en custodia a los centros por meses, a menudo por años. Y las expensas a veces son elevadas: hay comunas y haciendas sanitarias locales que pagan de 200 a 400 euros al día. Digamos que el business es alimentado por quien tiene todo el interés de que crezca.

  

Es una denuncia grave.  ¿El fenómeno es tan difundido? ¿Es posible que estén tan interesados los jueces honorarios? ¿Que todos los centros de custodia estén mirando al negocio?
Pero no, cierto. También en este sector hay el malo y el bueno, también el mejor. Obviamente hay quien labora en modo desinteresado. Pero el fenómeno se alimenta del mismo modo por todos. Los tribunales de menores no eligen dónde colocar los menores sustraídos a las familias, sino que mira en caso la elección esperada a los servicios sociales. Casi que el crecimiento exponencial de los entregados a custodia y de los gastos es igual para los buenos como para los malos. Y ahí gana.

  

¿Para usted son más numerosos los institutos buenos o los malos?
No lo sé. A mi modo de ver, buenos son los que favorecen el contacto entre niños y familias. Hay algunos. Conozco 2 ó 3.

Pero, excuse: ¿quién nombra a los jueces honorarios?

El directo interesado presenta la demanda, el tribunal de menores la aprueba, el Consejo superior de la magistratura (Csm) ratifica.

  

¿Y ninguno señala los conflictos de intereses? ¿Nadie los bloquea?

Deberían hacerlo, por ley, los presidentes de los tribunales de menores. Podría hacerlo el Csm. En cambio, nunca sucede nada. La asociación Finalmente liberi, a la cual he adherido, es entre las pocas que han decidido indagar y lo está haciendo en una vasta escala. Han sido identificados hasta ahora un centenar de jueces honorarios en evidente conflicto de intereces. Los denunciaremos. Veremos si alguno nos seguirá.

  

¿Cuánto puede valer lo que usted llama «business obsceno»?

Difícil de decirlo, ninguno controla. En Italia no existe mucho menos un registro de los dados en custodias, como acaece en casi todos los países occidentales.

  

Plantee usted un estimado.

Son al menos 50 mil los menores dados en custodia: creo que cuestan 1,5 millardos al año. Tal vez más.

  

Volvamos a Bolonia. En enero de 2011 sucede un hecho grave: un neonato murió en la plaza Grande. Fue allí donde explotó el conflicto entre usted y el presidente del tribunal de menores. ¿Cómo sucedió?

La madre había dado a luz dos gemelos diez días antes. Uno de ellos murió porque estuvo expuesto al frío. ¿Qué había sucedido? En realidad la familia, declarada indigente, tenía otros dos niños más grandes, entrambos dados en custodia a los servicios sociales. El caso acabó en mi despacho. Indagaba y me convencí que aquella muerte era debida a la desesperación. Los padres tenían una casa, contrariamente a lo que habían escrito los periódicos, pero escaparon porque estaban aterrorizados por la perspectiva de que también les serían sustraídos los dos neonatos.

  

Y en aquel punto, ¿qué sucede?

El presidente Millo me llamó. Dice: convoquemos enseguida el colegio y suspendamos la patria potestad. Respondí: veamos, antes, qué decide el colegio. Millo avocó a sí el procedimiento, un acto no previsto por ninguna norma. Entonces presento un proyecto al Csm, denunciando todas las anomalías que había visto. Y Stanzani un mes después presenta otra exposición. Siguieron uno de Imparato y uno de los abogados familiaristas emilianos.

  

¿Fue entonces que se desencadenó el contraste?

Sí. Fui vinculado a un procedimiento cautelar disciplinario del Csm. Me acusaron de haber dicho que en el Tribunal de menores de Bolonia se administraba una justicia más adaptada a Corea del Norte, de haber denigrado al presidente Millo. Fui transferido a Módena, como juez del trabajo. Transfirieron también a Stanzani, mientras que Imparato fue marginado. En diciembre de 2011, sin embargo, la Casación en sesiones unidas  anuló aquella decisión criticando duramente al Csm porque no había  escuchado mis razones, ni había hecho seguimiento a mis denuncias.

  

¿Así usted regresó a Bolonia?

Sí. Pero por los retardos del Csm, también ilegítimos, el reintegro sucedió solo el 18 de septiembre de 2012. Millo en el entretiempo se había ido, pero no había cambiado gran cosa. Me pusieron a tratar los casos más viejos: pendencias que se remontaban al 2009. Fui excluido de todo nuevo procedimiento de adoptabilidad. Entendí entonces por qué un magistrado de la procuraduría general de la Casación algunos meses antes me había sugerido retirarla, que estaba dando demasiado fastidio a gente que habría podido hacerme desistir con medios potentes.

  

¿Está diciendo que fue amenazado?

Pongámoslo así: fui encarecidamente invitado a no romper más las cajas. Entendí que era todo inútil, que el muro no caía. Entre tanto, en marzo, Stanzani murió. Decidí abandonar la magistratura.

  

¿Y ahora?

Ahora ejerzo la abogacía. Pero trabajo ppr fuera, para que las cosas cambien. Hablo en encuentros, escribo, hago preguntas indiscretas.

  

¿Qué pide?

Por ejemplo, que los magistrados de la procuraduría ante los tribunales de menores vayan a controlar los centros de custodia: no lo hacen nunca, pero es una verdadera falta porque encontrarían seguramente muchas sorpresas. Pido también que el Garante nacional de la infancia muestre más coraje, que use las competencias que erróneamente considera no tener, que investigue. Alguno deberá hacerlo. Es un escándalo todo italiano: va descubierto.