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lunes, 2 de noviembre de 2026

EL CASO GROJEC: CONSECUENCIAS DE LA ECLESIOLOGÍA DEUTEROVATICANA

Traducción del artículo publicado en TENÉTE TRADITIÓNES.
    

La salida de Román Pindel Stwora [obispón de la diócesis de Bielsko-Żywiec, Polonia, N. del T.] de la parroquia de San Lorenzo de Grojec bajo escolta policial es una imagen del colapso total de la autoridad de la jerarquía modernista, un hecho que los comunicados de la curia no logran ocultar. La noche del 4 al 5 de octubre de 2026, la oposición al cese de Józef Zborek de la parroquia se manifestó bloqueando la salida de la iglesia, profiriendo insultos y, según la diócesis, agrediendo al clero, incluido el pseudoobispo modernista Roman Pindel. Solo la intervención de la policía y los negociadores les permitió abandonar la parroquia alrededor de la 1:00 a. m. Quienes declararon reconocer a Pindel como su obispo demostraron la importancia que tenía su cargo para ellos cuando tomó decisiones contrarias a sus expectativas.

No se han revelado los motivos detallados del despido de Zborek. La diócesis cita graves irregularidades y resoluciones de las más altas autoridades vaticanas. Sin conocer las acusaciones específicas, es imposible evaluar la validez del despido del párroco modernista. Sin embargo, el comportamiento de la multitud puede evaluarse sin consultar los expedientes del caso. La lealtad a un pastor no otorga el derecho a insultar, intimidar o retener a nadie por la fuerza.

Obediencia a tu manera
En Grojec, surgió un conflicto por el nombramiento de un párroco, no por la defensa de la fe católica. Los feligreses querían conservar a su párroco y esperaban que el hombre al que reconocían como obispo, sucesor de los Apóstoles, satisficiera sus demandas. Su autoridad debía mantenerse vigente mientras cumpliera con sus deseos. Cuando se negó a mantener al párroco, se desató una reacción violenta, insultos y una trifulca. La gratitud hacia un pastor con muchos años de servicio puede ser sincera. Los fieles pueden presentar argumentos, pedir explicaciones y buscar soluciones legales. Sin embargo, esto no les otorga el derecho a decidir quién ocupará el cargo de párroco. El tamaño de la congregación no les da derecho a ejercer autoridad eclesiástica. Una discusión acalorada no reemplaza la ley, y la popularidad de un sacerdote no lo hace inamovible. Una multitud que intenta forzar una decisión desacredita su propia protesta, revelando su verdadera naturaleza revolucionaria.

Resulta particularmente reveladora la contradicción entre el respeto que el obispo le profesa y el trato que recibe como burócrata susceptible de ser intimidado hasta la sumisión. El respeto que se desvanece ante la primera decisión inconveniente no surge de la creencia en la santidad del cargo, sino de la conveniencia. Mientras el superior cumpla con las expectativas, puede ser honrado; cuando se niega, puede ser vilipendiado. En tal contexto, el estado de ánimo de los feligreses determina el respeto a la dignidad del obispo.

De la colegialidad a la dictadura de las expectativas
Esta desintegración tiene una historia. El inicio de la revolución posconciliar en la comprensión de la autoridad eclesiástica fue la colegialidad del Concilio Vaticano II. La constitución Lumen Géntium asignó al colegio episcopal, junto con su cabeza, autoridad suprema y plena sobre la Iglesia universal. La crítica a la colegialidad radica en la atribución de autoridad suprema a dos entidades: el papa personalmente y el colegio episcopal junto con el papa. En un sistema monárquico, la cooperación de los obispos con el papa no los convierte en corresponsables de su primacía. El documento mantuvo las disposiciones que confirmaban la primacía papal, pero convirtió la colegialidad en el motivo fundamental de la nueva forma de describir el gobierno de la Iglesia. Este concepto dio origen a la posterior reestructuración de la vida eclesiástica bajo el estandarte de la sinodalidad.

La colegialidad se refiere a la relación entre el colegio episcopal y el papa, mientras que la democratización se refiere a la relación entre los fieles y la jerarquía. Ambas comparten una dirección común de cambio: debilitar la clara distinción entre quienes ostentan la autoridad y quienes están sujetos a ella. En el desarrollo posterior de la revolución posconciliar, se otorgó mayor importancia a la consulta, la participación, la responsabilidad compartida y las expectativas de la comunidad. Los documentos sinodales contemporáneos se refieren explícitamente a la colegialidad conciliar como la base para el desarrollo de la forma sinodal de ejercicio del ministerio episcopal. La interpretación modernista del “Pueblo de Dios” proporcionó una herramienta particularmente útil para este proceso. Los fieles comenzaron a ser presentados como un colectivo, de cuya aceptación depende el derecho de la jerarquía a ejercer la autoridad. La responsabilidad principal del pastor es escuchar, acompañar y atender las expectativas. La obediencia pasa a un segundo plano, mientras que a la oposición se le dan fácilmente nombres nobles: subjetividad, responsabilidad compartida y preocupación por la comunidad. Este uso del término “Pueblo de Dios” sirve para contrastar a los fieles con la jerarquía y oscurece la verdad de que la autoridad eclesial proviene de Cristo. 

Una de las herramientas de la democratización posconciliar son los consejos parroquiales, que introducen el principio de representación de los fieles y su participación en el gobierno parroquial en la vida de la Iglesia. En Alemania y Francia, la expansión de la participación de los laicos en el gobierno parroquial se ha venido desarrollando durante décadas; no es una novedad del último sínodo, sino parte de la revolución iniciada tras el Concilio Vaticano II. El sínodo alemán de Wurzburgo de 1971-1975 es un ejemplo de este proceso: fortaleció la posición de los consejos al prever la discusión conjunta de los asuntos parroquiales y la adopción de resoluciones específicas junto con el párroco. Esta culminación se refleja en el documento final del “sínodo sobre la sinodalidad” de 2024, que aboga por una reconsideración de la fórmula de votación “meramente consultiva”. Ya no se espera que el consejo se limite a expresar opiniones, sino que participe en la toma de decisiones. Los consejos parroquiales acostumbran a los fieles a la creencia de que el párroco debe ejercer la autoridad conjuntamente con sus representantes. El conocimiento, la dedicación y el compromiso de los laicos no les otorgan jurisdicción ni el derecho a condicionar las decisiones del párroco a su consentimiento. En Grojec, el consejo actuó correctamente: la reunión con Pindel transcurrió pacíficamente, según el comunicado de la diócesis, y su representante condenó públicamente el incidente. Esto no altera la valoración de los consejos parroquiales como herramienta para la democratización. La autoridad conferida a la Iglesia está determinada por su estructura, establecida por Cristo. La elección de representantes feligreses no les otorga participación en el gobierno de la Iglesia.

El lema de combatir el “clericalismo” completa esta transformación. La obligación de obediencia se presenta como humillación, la firmeza del superior como violencia y la aplicación de la ley como insensibilidad burocrática. Quien está sometido a la autoridad se convence de que cualquier negativa a satisfacer sus exigencias viola su dignidad. Esto fomenta una actitud exigente que, en momentos de conflicto, se manifiesta no con palabras amables, sino con insultos. Grojec demuestra esta lógica en la práctica. Cuando la aceptación de los fieles se convierte en la medida de la legitimidad de una decisión, una decisión inconveniente comienza a percibirse como una usurpación. El superior debe ceder porque “el pueblo” quiere lo contrario. Si no cede, el pueblo intenta detenerlo. Los tópicos sinodales terminan entonces en las escaleras, bajo escolta policial. Las leyes eternas de la Iglesia pierden todo sentido.

Durante décadas, los modernistas se han aprovechado del respeto heredado por el poder, socavando simultáneamente los principios que lo justificaban. Relajaron la disciplina, presentaron la obediencia como un problema y complacieron las expectativas del hombre moderno. Ahora descubren que quienes se criaron en ese orden también pueden usar sus pretensiones en su contra. Son responsables de la pérdida de autoridad. Merecían el descrédito de sus propios principios y están cosechando las consecuencias. Quienes perpetran insultos y violencia son responsables de sus actos; la responsabilidad de los modernistas en la disolución de la autoridad no justifica la agresión.

La Iglesia es jerárquica y monárquica.
La Iglesia Católica tiene un gobierno establecido por Cristo. La autoridad no deriva de la asamblea de los fieles, del número de firmas ni del resultado de una votación. El Papa posee autoridad suprema y plena sobre toda la Iglesia, incluyendo la disciplina y el gobierno. El Concilio Vaticano I expuso esta verdad en la constitución Pastor Ætérnus. La Iglesia es una monarquía: la autoridad suprema no recibe mandato de los subordinados ni requiere su aprobación. Asimismo, la autoridad suprema de la Iglesia está sujeta a la ley divina y sirve a la preservación de la Revelación, que ningún superior puede alterar. El gobierno monárquico de la Iglesia significa verdadera supremacía y una verdadera obligación de obediencia. San Pío X, en Veheménter Nos, recordó la distinción entre pastores y fieles y el hecho de que la autoridad para gobernar la Iglesia pertenece a la jerarquía. Los laicos pueden recibir tareas y brindar consejo, conocimiento y trabajo. La mera pertenencia a una parroquia no les otorga el derecho a nombrar funcionarios, revocar decretos ni imponer decisiones administrativas a los superiores. El sacrificio y el compromiso no compran jurisdicción.

Un obispo católico legítimo tiene derecho al respeto, al honor que le corresponde por su cargo y a la obediencia dentro de los límites de su autoridad. Guste o no, la simpatía personal no es la fuente de esta obligación, y la insatisfacción personal no la anula. Una orden contraria a la ley de Dios no obliga; sin embargo, la mera inconveniencia que resulta de la decisión de un superior no exime de la obediencia. Desdibujar esta distinción convierte la conciencia en un pretexto conveniente para la voluntad propia. El rechazo católico al modernismo surge de la fidelidad a la fe y a la ley de Dios. La rebeldía para imponer las propias exigencias surge de la voluntad propia. Los participantes en el incidente de Grojec, que reconocieron a Pindel como obispo, no presentaron una base doctrinal para rechazar su autoridad. Simplemente se negaron a someterse a una decisión que no querían aceptar, basada en opiniones subjetivas. Al hacerlo, contradijeron sus propias declaraciones.

El derecho canónico tradicional protege la inviolabilidad de un obispo con una severa sanción. El canon 2343 § 3 del Código de Derecho Canónico de 1917 prevé la excomunión latæ senténtiæ para un ataque activo contra un obispo, reservada específicamente a la Santa Sede. Si se cumplen las condiciones legales para incurrir en la pena, el autor incurre en excomunión ipso facto, por la fuerza de la ley. No es necesario causar lesiones graves para que exista un ataque activo; la mera violación de la inviolabilidad es suficiente. Así de severamente trata el derecho tradicional la conducta que hoy se presenta como una expresión violenta de descontento.

La oferta veterocatólica: el mismo error bajo un nombre diferente.
La comunidad polaco-católica [fundada en 1951 a partir de las misiones enviadas treinta años antes por la Iglesia Católica Nacional Polaca de Estados Unidos, la cual cortó relaciones en 2023 luego que en Polonia adhirieron a la Unión veterocatólica de Utrecht, N. del T.] también intenta sacar provecho del conflicto, ofreciendo a los feligreses desilusionados la toma de decisiones democrática combinada con la liturgia tradicional. Un comentario ampliamente difundido presenta el sistema jerárquico como un obstáculo para el respeto a la dignidad de los fieles y su responsabilidad compartida con la comunidad, concluyendo con una invitación a unirse a su propia comunidad. La desilusión de los fieles se explota para atraer nuevos miembros. Basta con prometerles que serán anfitriones, socios y participantes en la toma de decisiones en otros lugares. Esta oferta perpetúa una actitud exigente y la convierte en la base para la organización de la comunidad. Se espera que los fieles encuentren un lugar que les garantice la influencia que esperan. La religión se elige entonces en función de las condiciones favorables de participación, y la afiliación a una iglesia se convierte en un medio para asegurar una mayor influencia en los asuntos de la comunidad.

Tal propuesta es desviada. La catolicidad no consiste en mantener la vestimenta adecuada, las ceremonias y unos pocos nombres conocidos, mientras se rechaza simultáneamente la doctrina católica sobre la Iglesia. La liturgia tradicional no sirve para adornar un sistema contrario a la Tradición. Una oferta sectaria que promete a los fieles una religión acorde con sus exigencias sigue siendo falsa, incluso cuando apela a la decepción genuina y a las quejas reales. Cuanto más bellas sean las frases hechas, mayor es la necesidad de examinar los principios que pretenden proteger.

Regreso a la Tradición Completa
La salvación reside en el retorno a la Tradición Católica: a la fe en su totalidad, a la moral y al derecho canónico, y a la estructura de la Iglesia establecida por Cristo. Este retorno exige la aceptación de la doctrina católica y la subordinación de la propia conducta a ella. Requiere reconocer la verdad incluso cuando esta priva a la persona de una excusa conveniente, exige obediencia o condena la conducta de su entorno. La medida de nuestras acciones es la verdad, y el objetivo es la salvación de las almas. El número de fieles no es el criterio de la verdad de la fe. Quienes se sienten desilusionados con el orden posconciliar deben conocer la doctrina católica de forma integral, es decir, en su totalidad, junto con sus exigencias. Si buscan un lugar donde puedan subordinar la religión a su propia voluntad, deben escuchar con claridad: el catolicismo exige la subordinación de la propia voluntad a Dios.

Por lo tanto, el retorno a la Tradición también implica rechazar el derecho, el desprecio y la obstinación. Defender la fe requiere valentía, conocimiento y fidelidad a los principios. El clamor de la multitud no sustituye a ninguno de estos. Quien condena la revolución modernista pero sigue anteponiendo sus propias expectativas a las exigencias de la fe, sigue siendo su discípulo. En Grojec confluyeron dos frutos de la misma decadencia: los jerarcas que socavan los cimientos de la autoridad y los fieles que la respetan solo hasta que se toma una decisión inconveniente. Los modernistas son responsables de su propia revolución, los rebeldes de sus propios actos. Pindel, bajo escolta policial, es un reflejo de la desgracia del orden que pretendía reconciliar la religión con el espíritu del mundo moderno. El mundo aceptó concesiones y luego pagó el precio. La respuesta es abrazar la fe católica, el sistema católico y la disciplina católica en su totalidad. Incluso cuando esto implique renunciar a los propios intereses, hábitos y ambiciones personales.

Michał P. Mikłaszewski, editor jefe

Materiales y fuentes:

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