Vestido con una sotana negra, el arzobispón curial venezolano Édgar Franklin Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales [= Ministro de gobierno y Jefe de personal] de la Secretaría de Estado del Vaticano, compareció en calidad de testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales por la que el agente financiero Raffaele Mincione interpuso contra el Vaticano respecto al caso del edificio de la antigua sede de los grandes almacenes Harrod’s en la Avenida Sloane del suburbio londinense de Chelsea.
Mincione, quien había sido condenado por el Vaticano a 5 años y 6 meses de prisión, más 8.000 euros de multa e inhabilitación perpetua para cargo público por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y corrupción, denunció a la Santa Sede por supuesta injerencia en las investigaciones sobre el fraude inmobiliario (del cual el capo di tutti capi Francisco Bergoglio, en últimas, tenía pleno conocimiento, ya que el Secretario de Estado y su sustituto de Asuntos Generales le tenían al tanto de la operación y él era quien autorizaba el negocio) y conspiración en su contra, con el fin de limpiar su nombre.
Normalmente, los altos funcionarios del Vaticano se han escudado bajo la inmunidad soberana para no comparecer ante tribunales extranjeros (mayormente en casos de abuso sexual o de poder), pero esta es la primera vez que la Santa Sede como Sujeto de Derecho Internacional, es parte demandada en un proceso ante jurisdicción extranjera.
Jurando «por Dios Todopoderoso», Peña Parra, de 64 años de edad, declaró durante un día y medio, y presentó un escrito de 80 páginas preparado por los abogados de la Santa Sede Charles Hollander, Samar Abbas Kazmi, James Bradford y Jagoda Klimowicz. En sus declaraciones, argumentando que el Vaticano fue la víctima de un detrimento patrimonial aduciendo que el inmueble, del cual compraron en 2014 una participación del 45% de la propiedad por 400 millones de dólares, les generó un detrimento patrimonial de 150 millones de dólares.
Ante la pregunta del abogado Charles Samek, apoderado de Mincione, sobre si, entre los pagos, le entregaron una factura falsa por 15 millones de euros al financiero Gianluigi Torzi para adquirir su paquete de acciones del edificio, el prelado admitió el hecho diciendo: «La factura era falsa, pero insistí, en el objeto de la transacción, en poner “finiquito final, pleno y definitivo” a todas nuestras obligaciones contractuales. Eso estaba en mi mente», reiterando que por órdenes del Vaticano, tenía que ponerle fin a un presunto “mal negocio” que inició cuando él no estaba en ese cargo (el que estaba era el hoy cardenal Giovanni Angelo Becciu Curzu) y que «Ahora no le daría nada al financiero Gianluigi Torzi, y lo metería varias veces a la cárcel».
Los abogados de Mincione criticaron que al “monseñor” Alberto Perlasca, el secretario privado de Becciu que de acusado pasó a “testigo estrella” en el “proceso del Vaticano” (cuyo testimonio, dirigido por la exconsejera de la Seguridad italiana Genoveffa Ciferri -asesorada por la defenestrada integrante del Consejo asesor Francesca Chaouqui, provocó la condena de su antiguo superior) y quien como Jefe de la Oficina Asesora Financiera propuso y aprobó el negocio en 2013, el Vaticano no le permitiese concurrir al “proceso de Londres” para ser sometido a contrainterrogatorio.
Peña Parra estará declarando hasta el lunes 8 de Julio. Se espera que el proceso, iniciado el 24 de Junio, termine a fines de mes, y la sentencia se emita a fines del año.
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