El cardenal Giovanni Angelo Becciu Curzu de 75 años, exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y exdelegado especial para la Orden de Malta, fue declarado culpable de los delitos de malversación, abuso de cargo y presión a testigos, y condenado el día de hoy a 5 ½ años de prisión por el “fraude de Londres”, un caso más en el Gran Holocausto Sexual y Malversación Conciliar en el que la Secretaría de Estado del Vaticano (de la cual Becciu ocupó el segundo puesto entre 2011 y 2018, después del cardenal Pietro Parolin Miotti) adquirió en 2014 por 400 millones de dólares –350 millones de euros, 300 millones de libras esterlinas– la antigua sede de las galerías Harrods en la avenida Sloane de Chelsea CON DINERO PROCEDENTE DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO (la colecta que piden en todas las diócesis alrededor del 29 de Junio supuestamente para los pobres), y después terminara vendiéndolo por 224 millones de dólares –214 millones de euros, 200 millones de libras esterlinas–, reportándose así detrimento patrimonial.
Becciu (que también fue declarado culpable por transferir casi 240.000 dólares a la Cooperativa Spes, vinculada a la Cáritas de Ozieri –que en ese momento presidía su hermano Antonino– en Cerdeña y 600.000 dólares –575.000 euros– a Cecilia Marogna para mediar por la liberación de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez Argoti FMI secuestrada en Malí), además es condenado a una multa de 8.700 dólares e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dentro del Vaticano (por lo que, de quedar firme la sentencia, no podría ser elegido en el futuro cónclave).
La sentencia, leída en un ala de los Museos Vaticanos dispuesta ex proféso como sala de audiencias por el presidente del tribunal secular Giuseppe Pignatone, también cobija a los financieros Gianluigi Torzi (6 ¾ años) y Raffaele Mincione (5 ½ años), el exfuncionario Fabrizio Tirabassi (7 ½ años), Enrico Crasso, consejero financiero de la Secretaría de Estado (7 años de cárcel y 10.000 euros de multa), y Nicola Squillace (1 ⅚años de prisión) Cecilia Marogna, la pretendida “consejera de seguridad” de Becciu que, en vez de pagar los rescates, compró joyas y un piso de lujo, fue condenada a 3 ¾ años de prisión por estafa.
Por su parte, fray Mauro Carlino (exsecretario privado de Becciu) fue absuelto, y el “monseñor” Alberto Perlasca, exjefe de la oficina asesora financiera de la Secretaría de Estado (y por ende, arquitecto del “fraude de Londres”) se convirtió en testigo estrella del caso. Y aun así, la controversia está porque el testimonio de Perlasca fue dirigido por su amiga Genoveffa Ciferri, exconsejera de la Seguridad italiana. A su vez, Ciferri fue asesorara por Francesca Chaouqui, la exmiembro del consejo asesor de Francisco Bergoglio que fue condenada en 2016 por el caso “Vatileaks II”. Chaouqui culpó a Becciu por su caída en desgracia, por lo que el testimonio de Perlasca sería su venganza contra el cardenal.
Con todo, la sentencia en primera instancia es susceptible de apelación sea por la fiscalía (que pedía una pena más alta) o por la defensa (que ha sostenido la inocencia de los implicados), yendo en tal escenario al Tribunal de Apelación o al Tribunal de Casación del Vaticano (es de advertir que el caso es puramente de derecho seglar).
En todo caso, el gran salpicado sigue siendo Bergoglio, por una parte porque Becciu como sustituto de Asuntos Generales (Ministro de gobierno y Jefe de personal) que era, podía entrar libremente a su despacho e informarle de todo el proceso de negociación por el inmueble (por lo que tenía conocimiento de los hechos); por el otro, porque emitió cuatro decretos dándoles plenos poderes a los fiscales, lo que se interpretó como que era juez y parte (violando el debido proceso) y que asumía poderes absolutos en una forma nunca vista desde la pérdida de poder temporal del Papado en 1870.
Como dato de color, es la primera sentencia del Tribunal secular del Vaticano contra un clérigo funcionario vaticano desde 2018, cuando el “monseñor” Carlo Alberto Capella, exfuncionario de la Nunciatura en Estados Unidos, fue condenado a cinco años de prisión y 5.000 euros de multa por posesión de pornografía infantil. Capella pasó tres años en la cárcel vaticana.
Caricatura tomada de GLORIA CARTOON.
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