PERÚ: ¿IMPUNIDAD O BIEN COMÚN?

Por José Bellido Nina, del Círculo Blas de Ostolaza (Perú) para PERIÓDICO LA ESPERANZA.

  

Pedro Castillo, presidente del Perú

A casi seis meses del gobierno socialista marxista, leninista y mariateguista, Pedro Castillo enfrentó un pedido frustrado de vacancia presidencial, interrumpió dos allanamientos fiscales en el Palacio de Gobierno, y fue beneficiado por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien suspendió una investigación en su contra por un ardid hermenéutico de la Constitución Política peruana. A esta apología se aunaron los congresistas oficialistas de Perú Libre y furibundos políticos, trabajadores y aliados del gobierno para entorpecer las investigaciones por supuestos actos de corrupción del presidente de la República.

   

En esa defensa, el unísono politiquero también exclama la institucionalidad, la democracia o la gobernabilidad para denostar el trabajo del procurador general del Estado, de la Contraloría General de la República y los fiscales anticorrupción. Los vástagos del régimen se escudan en la procedencia rural de Castillo, colaboran con la instrumentalización marxista del Estado y rechazan el bien común.

   

Recordemos que el fin social es el criterio para juzgar las acciones del poder político, y la ley penal es el instrumento para tutelar los bienes jurídicos comunes; es decir, la autoridad se ordena al bien común y no al revés. Esta es la razón por la que los funcionarios o servidores públicos pueden ser juzgados por delitos contra la administración pública, especialmente contra el erario público, pues ambos bienes jurídicos son importantes para la sociedad y están en función de los bienes humanos básicos como la educación, la seguridad social, el transporte o la infraestructura pública.

   

En efecto, la función social del presupuesto nacional es frustrada por delitos como peculado, colusión, cohecho o tráfico de influencias, que ocasionaron pérdidas por más de 23 mil millones de soles (5 mil millones de dólares aprox.), según un informe del contralor general de la República, Nelson Shack. Presuntamente tales delitos fueron cometidos por el mandatario en casos tan sonados como Petroperú, en sus reuniones en la «casa de Sarratea» o los 20 mil dólares escondidos en el baño de su secretario presidencial. Pero será una investigación fiscal y el juez competente quienes determinen estas injusticias sociales de cara a la verdad.

    

Recordemos que Castillo y su partido político Perú Libre nacieron en la ideología de la lucha de clases, renegando de la hispanidad, de los principios religiosos y morales católicos, y del mestizaje, que definen la identidad cultural de los peruanos. Estos hechos comunitarios se oponen constantemente al neoindigenismo marxistoide, porque aquellos junto a la vivencia de los bienes sociales como la justicia, la solidaridad y la amistad son contrarios a la dicotomía conflictiva del capitalista-proletario, español-indio, rico-pobre, ciudadano-poblador y del resentimiento irracional y acomplejado del mandatario. Y es que la corrupción política tiene como presupuesto la corrupción filosófica y moral; es decir, el marxismo como negación de la verdad y del bien humano, y de la naturaleza inmanente y trascendente del hombre para redefinirlo desde el materialismo, el historicismo y la violencia. 

    

Asimismo, el régimen castillista ha incorporado aliados marxistas en cargos gubernamentales. Por un lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reconoció a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate), vinculado al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), identificado como el brazo político del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) del terrorista marxista-leninista-maoísta Abimael Guzmán, «camarada Gonzalo». Al parecer, esta federación desea ocupar plazas docentes y reformular el currículo escolar conforme a sus intereses ideológicos. No es pues propósito de este gobierno mejorar el perfil intelectual, moral y académico de los profesores escolares, sino copar cargos públicos con un único fin: ideológico. Por otro lado, este objetivo fue complacido por el Ministerio del Interior cuando nombró a 21 prefectos regionales, cuya mayoría está vinculada al Fenate, según informaron los medios locales, para honrar las «cuotas de poder» prometidas.

    

Poco a poco, el Estado peruano se sujeta a fines ideológicos antes que tutelar, promover y garantizar bienes comunes como la vida social, el orden público, la paz comunitaria, la seguridad vecinal y la integrar familiar, amenazadas y vulneradas por la delincuencia en aumento en toda la nación. Más aún, cuando distintas protestas con intereses ávidos y ambiguos bloquean carreteras, incendian campamentos mineros y secuestran a sus trabajadores, desconociendo la libertad y la propiedad privada, ante un ministerio del Interior con escasa o nula respuesta.

   

En ciernes, el gobierno socialista de Castillo enfrenta serias investigaciones por corrupción política y moral. Diligencias que ocupan a las instituciones fiscales y jurisdiccionales nacionales contra la impunidad, aunque la opinión pública ha desaprobado la conducta del presidente del «pueblo»; si acaso por «pueblo» se entiende a todos los peruanos y sus bienes comunes o solo los intereses ideológicos de quienes militan y refrendan el discurso político marxista del presidente y de Perú Libre.