Tomado de distintas fuentes.
Al convertirse en prefecto del Dicasterio para los Obispos, el entonces cardenal Prévost heredó los miembros de dicho dicasterio nombrados por el
papa Francisco. Si el nuevo
pontífice hubiera querido cambiar la composición del grupo y, por ende, el tipo de clérigos elegidos para convertirse en
obispos diocesanos, podría haberlo hecho la semana pasada, al realizar
sus propios nombramientos para el dicasterio. No lo hizo.
En lugar de elegir a su propio equipo, el Papa León confirmó a treinta de los treinta y un miembros del dicasterio elegidos por el Papa Francisco (la única excepción fue una religiosa que, a sus 81 años, había superado la edad de elegibilidad). Los únicos estadounidenses en el panel son los cardenales Blase Cupich, de Chicago, y Joseph Tobin, de Newark. Así que los católicos estadounidenses que se han estado preguntando si el nuevo Papa nombrará un tipo diferente de obispos ya no deberían dudarlo.
Para cubrir la vacante en el dicasterio, el Papa León tomó otra decisión que reafirmó firmemente la dirección tomada por el Papa Francisco: nombró a la Hermana Simona Brambilla, quien, casualmente, fue la controvertida elección del Papa Francisco para prefecta del Dicasterio para los Religiosos (oficialmente conocido como Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica). Este nombramiento, en octubre de 2023, supuso un gran impacto para la Curia Romana; por primera vez, una mujer estaba al frente de un dicasterio vaticano.
Todos los cargos de la Curia Romana están a disposición del Pontífice, ayudándolo a llevar a cabo su labor de guiar y gobernar la Iglesia universal. Sin embargo, dado que en la práctica los dicasterios vaticanos ejercen cierta autoridad de gobierno propia, los puestos de liderazgo se habían reservado tradicionalmente para los obispos, quienes, como sucesores de los Apóstoles, tenían autoridad para participar con el Romano Pontífice en el gobierno de la Iglesia. El Concilio Vaticano II confirmó que los jefes de las principales congregaciones vaticanas (como se las llamaba entonces) debían ser siempre cardenales, miembros del organismo encargado de asesorar al Pontífice. La exclusión de las mujeres (y de los hombres laicos) de estos cargos no era una cuestión de discriminación, sino un reconocimiento de la autoridad única que confiere el sacramento de la ordenación episcopal.
Sin embargo, en 2022, el papa Francisco anuló esa política. En Prædicáte Evangélium, la constitución apostólica con la que reformó la Curia Romana, estableció una distinción entre los poderes sacramentales conferidos por la ordenación y los poderes de gobierno, que podían ser ejercidos por alguien no ordenado. Como con muchos otros cambios introducidos por el papa Francisco, Prædicáte Evangélium no explicó completamente la distinción entre ambos roles. Sin embargo, el documento sí aclaró que tanto mujeres como laicos podían ser nombrados prefectos, al menos para cargos no directamente relacionados con la administración de los sacramentos.
Dado que el nombramiento de sor Brambilla había suscitado dudas y recelo en Roma, algunos observadores del Vaticano cuestionaron si el Papa León confirmaría su puesto en el Dicasterio para los Religiosos. Esa pregunta también ha sido respondida.
De hecho, hoy (ayer) el servicio Vatican News publicó
un ensayo del cardenal Marc Ouellet, que ofrece una reflexión teológica sobre el nombramiento de una religiosa para dirigir un dicasterio. El cardenal Ouellet (quien, como recordarán los lectores, precedió al
papa León como prefecto del Dicasterio para los Obispos) reconoció que «esta iniciativa contradice la costumbre ancestral de confiar cargos de autoridad a ministros ordenados». No obstante, ofreció su pleno apoyo al «gesto profético del
papa Francisco».
La práctica tradicional de reservar los altos cargos curiales a los obispos, escribió el cardenal, «no significa que el sacramento del Orden Sagrado sea la fuente exclusiva de todo gobierno en la Iglesia». El papa Francisco, explicó, veía «la autoridad del Espíritu Santo actuando más allá del vínculo establecido entre el ministerio ordenado y el gobierno de la Iglesia».
La interpretación tradicional de la autoridad dentro de la Iglesia, basada en la creencia de que la guía del Espíritu Santo se confiere de manera especial mediante la ordenación episcopal, se establece claramente en el Catecismo y el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, el cardenal Ouellet argumenta que esta interpretación podría reflejar una comprensión inadecuada de cómo el Espíritu Santo obra a través del “Pueblo de Dios”. Escribe:
«El enfoque canónico no parece inclinado a considerar al Espíritu Santo como otra cosa que el garante global de la Institución; [porque] parece carecer de medios para discernir los signos del Espíritu, sus mociones personales y comunitarias, los carismas particulares con los que dota a los miembros del Cuerpo de Cristo…».
El cardenal argumenta convincentemente que no todas las funciones del gobierno del Vaticano requieren la autoridad conferida por la ordenación sacramental: «por ejemplo, en la gestión de recursos humanos, la administración de justicia, el discernimiento cultural y político, la administración financiera y el diálogo ecuménico». Muchos laicos católicos podrían pensar que podrían desempeñar un mejor trabajo que los obispos en esos campos, y muchos podrían tener razón. Pero el hecho de que algunos laicos católicos puedan estar mejor capacitados que los obispos para ciertas responsabilidades de gobierno deja abierta la pregunta de dónde termina la competencia profesional y dónde comienza la guía del Espíritu Santo. Esta innovación, como tantas otras introducidas por el papa Francisco, ha planteado nuevas preguntas sobre la naturaleza de la autoridad de la Iglesia, y las ha dejado sin respuesta.
En los últimos años, en la Curia Romana, se han producido una serie de nombramientos que nunca hubiéramos deseado. No se trata de decisiones cuestionables basadas en la sensibilidad o la ideología, sino de perfiles objetivamente inadecuados: personas colocadas en puestos cruciales sin las cualificaciones fundamentales para mantenerlos, sin una estatura acorde con el cargo, sin esa credibilidad que, en la Iglesia, no es tanto un motivo de orgullo como una condición para gobernar.
El poder del gobierno: un asunto no resuelto
El quid de la cuestión se hace aún más evidente cuando se intenta normalizar la idea de que el poder gobernante funciona como en las organizaciones civiles, regulado por criterios de gestión y estándares genéricamente “institucionales”. Benedicto XVI, en su catequesis sobre el
munus regéndi, recordó un principio fundamental: el gobierno eclesial surge de un mandato y una forma, no de una investidura sociológica. El sacerdote está llamado a «liderar con la autoridad de Cristo, no con la suya propia». Esta frase basta para aclarar que la autoridad en la Iglesia no coincide con una delegación de poder en el sentido moderno, porque permanece ligada a un origen y una responsabilidad que no se agotan en el hombre.
La Iglesia ejerce la autoridad «no por derecho propio, sino en nombre de Jesucristo»: esto no es un detalle devocional, sino la estructura misma del gobierno eclesial. Y, de hecho, al abordar la cuestión de la jerarquía, el Papa rechazó la reducción jurídico-administrativa y la definió como lo que es: una «estructura de autoridad sacramental» ordenada según los tres grados del sacramento del Orden. Aquí entra directamente en juego la cuestión del poder de jurisdicción: si la jerarquía es sacramental, entonces el gobierno no puede concebirse como una función neutral, transferible con la misma lógica con la que se asigna un puesto en cualquier aparato humano. Benedicto XVI aclaró que el auténtico significado de jerarquía no es dominio: «el verdadero significado… es “origen sagrado”». Y especificó inequívocamente: «esta autoridad no proviene del hombre mismo… se origina en lo sagrado, en el Sacramento». Si la autoridad de gobierno tiene un origen sacramental, no puede reducirse simplemente a una mera capacidad organizativa, ni tratarse como un poder conferido y gestionado según categorías ajenas a su naturaleza. No solo eso. Benedicto XVI vinculó este origen a una forma de vínculo, de obediencia, que impide la transformación del gobierno eclesiástico en una práctica arbitraria o autolegitimada. Lo dijo claramente incluso al hablar del Papa: «El Papa... no puede hacer lo que quiera». Y es precisamente este giro el que ha allanado el camino para la crisis actual. Francisco ha actuado como si el Papa pudiera disponer del orden eclesiástico a su antojo; y, paso a paso, este enfoque también está emergiendo en el juicio de Sloane Avenue. Silere non possum lo dijo desde el principio: el Pontífice no es un legislador libre de toda restricción, sino que permanece sujeto a la ley divina y a la ley natural , que delimitan y califican el ejercicio de su poder. El mismo principio llevó a Prædicáte Evangélium: el centro de gravedad se desplaza del Orden Sagrado al nombramiento papal. En esta lógica, el poder de gobierno ya no derivaría del sacramento, sino del acto administrativo con el que el Papa confiere una tarea. Es una construcción que pretende reemplazar el origen sagrado de la autoridad por una fuente meramente humana, de toma de decisiones. Esto, sin embargo, no se sostiene. Es una posición falsa, y cualquiera que la repita hoy tiene un deber básico: explicarla y demostrarla sobre la base del derecho sacramental, la teología y el derecho canónico. No bastan las fórmulas, ni basta invocar la Constitución Apostólica: aquí tocamos la arquitectura misma de la autoridad en la Iglesia. Benedicto XVI reiteró que la autoridad siempre se ejerce «con responsabilidad ante Dios» y, al separarse de la referencia a lo Trascendente, «inevitablemente termina volviéndose contra el hombre». Presentar el poder de gobierno como una simple competencia gerencial significa desplazar el enfoque del orden sacramental a un modelo funcional, un cambio de paradigma que Benedicto XVI considera peligroso y, aún más, teológicamente incoherente.
La ideología de la mujer “con una mirada peculiar”
Estos nombramientos se promueven con la misma ideología que, durante años, ha guiado algunas reformas en la formación sacerdotal: la idea de que las mujeres garantizan una “mirada femenina”, “una mirada maternal”, “una mejor mirada”. Es una tesis vacía, útil más para justificar las propias ideologías que para mejorar realmente los procesos de nombramiento de los sucesores de los Apóstoles o la formación de los futuros sacerdotes. Y, sobre todo, es producto del mismo mecanismo que en el pasado impuso una prohibición absoluta del acceso de las mujeres a los seminarios porque «inducirían al clero a la tentación». Hoy, se intenta la maniobra contraria, como si su mera presencia pudiera producir automáticamente equilibrio, crecimiento, incluso afecto. Algunos aún no han comprendido que la mayoría de esas mujeres que son «literalmente arrojadas a los seminarios» son mujeres ideológicas y, a menudo, más amargadas que las feministas que marchan en la plaza. Un seminarista, al ver a estas mujeres, solo aprenderá a odiarlas, nada más. Pero sabemos que la Iglesia nunca aprende de sus errores: el marco cambia, el gusano permanece intacto.
La idea de que existe una “mirada femenina” que los hombres, clérigos y obispos no poseen pertenece a una imaginación católica que durante décadas ha insistido en una representación estereotipada de la familia: la mujer como una madre naturalmente acogedora, el hombre como un padre inevitablemente autoritario y fuerte. Ese modelo, en realidad, está desgastado desde hace mucho tiempo , si no completamente desaparecido; sin embargo, sobrevive como un reflejo condicionado, capaz de negar incluso la evidencia.
Lo vemos incluso en los dicasterios, donde la retórica de la “mirada” a menudo termina traduciéndose en frágiles criterios de evaluación, confiados al sentimiento. La escena es de sobra conocida, y un clérigo la relata sin temor: «Ese obispo me sonrió, luego es bueno; ese sacerdote es gruñón, luego nunca lo querría como obispo». Cuando se le pregunta por qué, la respuesta es desarmante: «Me respondió con rudeza», «Me trató con frialdad», «No me escuchó». Un episodio, quizás un mal día —como todos tenemos—, se convierte en una sentencia. De esta manera, el criterio pasa del discernimiento al sentimiento , y el juicio se reduce a la impresión», explica. Luego añade: «Esta deriva emerge claramente incluso cuando llegan informes y cartas: textos larguísimos, llenos de… emociones, rencor, ira y resentimiento, con poco espacio para los hechos y su verificación. No es un rasgo exclusivo de las mujeres, pero es un hecho que son más propensas a este tipo de “lectura de la situación”. También ocurre entre sacerdotes y religiosos, aunque en mucha menor medida. Precisamente por eso, confiar los nombramientos episcopales a evaluaciones basadas en “cómo me siento” significa ceder un paso decisivo a criterios inestables y fácilmente manipulables. Si la motivación es la “mirada”, el órgano de discernimiento se ve arrastrado a un ejercicio de identidad. Un dicasterio funciona cuando selecciona competencias y responsabilidades, no cuando colecciona símbolos».
¿Queremos obispos más competentes o queremos la aprobación de los medios de comunicación?
Un segundo punto se refiere a la obsesión, cultivada en los últimos años, con la aprobación de los medios de comunicación y la “gente común” que ve a la Iglesia con desprecio. Las personas aportan experiencias diferentes basadas en su historia, rol, cultura y educación; no automáticamente en función del género. Un ministerio no mejora “por cuotas”; mejora cuando incluye perfiles con habilidades relevantes y una verdadera capacidad de evaluación. En cambio, hemos optado por desviar la atención hacia pequeñas noticias capaces de generar “me gusta”, mientras que el núcleo del problema permanece desenfocado. El resultado es evidente para quienes experimentan la Iglesia real. Basta pensar en cierta serie de nombramientos episcopales —por ejemplo, los numerosos obispos de Apulia y Basilicata nombrados por Francisco en los últimos años— que, en términos de gobernanza y relaciones, están resultando ser un desastre. Un verdadero desastre. Bastará con preguntarles a los sacerdotes, pero también a los mismos laicos que quizás, al principio, aplaudieron esas decisiones. Dejando de lado las infatuaciones de Bergoglio que ni siquiera pasaron por el Dicasterio, muchos han sido perfiles respaldados por miembros del Dicasterio como Raffaella Petrini, Yvonne Reungoat y Maria Lia Zervino.
Hoy, diócesis enteras están en un estado de desesperación: desde los consejos de participación hasta los párrocos en las comunidades más remotas. Hay obispos que abusan de las conciencias de sus colaboradores y organizan verdaderos juegos de poder, tanto con laicos comprometidos como con sus sacerdotes. En algunos lugares, incluso hay docenas de sacerdotes dispuestos a mudarse a otro lugar, solo para escapar de dinámicas que se han vuelto insoportables. Y hay obispos eméritos tratados como si fueran un obstáculo, humillados a pesar de sus años de episcopado y su edad. Estos son los resultados de estos miembros elegidos por ideología o amistad, y no por su competencia. Incluir a las mujeres solo por ser mujeres, sin ninguna competencia específica, significa reducir todo a puro simbolismo.
El munus no se puede improvisar
La evaluación de los candidatos al episcopado se refiere a un munus que, por su naturaleza, entrelaza la enseñanza, la santificación y el gobierno: el Código recuerda que los obispos son constituidos pastores «para ser… maestros de doctrina , sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno» (can. 375 §1) y que con la consagración episcopal «reciben… los oficios de enseñar y de gobierno», ejercidos «en comunión jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio» (can. 375 §2). Por esta razón, es razonable que el núcleo del juicio recaiga en quienes conocen el ministerio episcopal desde dentro y tienen la responsabilidad colegial del mismo. Benedicto XVI recordó que Cristo quiso que «el Colegio Apostólico, hoy los obispos, en comunión con el Sucesor de Pedro… participen» en el cuidado del Pueblo de Dios, y que la autoridad se ejerce «en nombre de Jesucristo», como un servicio. El procedimiento canónico confirma esta arquitectura: la consulta es “común y secreta” entre los Obispos (can. 377 §2), el Legado Pontificio recoge las opiniones del Metropolitano y de los Sufragáneos y escucha a las organizaciones e individuos, solicitando “si… conviene” también la opinión de los demás (can. 377 §3); luego el criterio sigue siendo la idoneidad objetiva requerida (can. 378 §1) y “el juicio definitivo… pertenece a la Sede Apostólica” (can. 378 §2).
El clero sigue sin ser escuchado
Hay un punto crucial: en los últimos años, el clero ha sido progresivamente marginado, mientras que el sacerdote sigue siendo el principal colaborador del obispo. El Ordinario es quien desempeña un papel fundamental, podríamos decir vital, en la vida del clero diocesano. En los últimos años, hemos visto a demasiados prelados buscar la aprobación del pueblo, con quien a menudo entran en contacto casi exclusivamente en ceremonias, sin saber, sin embargo, cómo mantener una relación real, cotidiana y franca con los presbíteros. Y mientras la vida de una diócesis se sustenta en el ministerio silencioso del clero, la pregunta más sencilla —«¿quién es verdaderamente idóneo para ser obispo?»— ya no se les plantea a los sacerdotes: se la planteamos a las monjas o a los laicos. ¿Por qué?
Los sacerdotes son los colaboradores diarios: ven el estilo de gobierno, la capacidad de delegar, la gestión de conflictos, la sobriedad, la relación con el dinero, el respeto a las personas, el equilibrio humano. Aquí, trabajamos a través de la observación continua, no de impresiones ocasionales. Y el Código requiere específicamente escuchar la retroalimentación interna calificada, a través de figuras y organismos del clero como los consultores y el capítulo. La calidad de los nombramientos se decide por la calidad de la información: cuentan unas pocas opiniones razonadas y detalladas, no una acumulación de impresiones genéricas, vagas e infundadas.
Como hemos mencionado, en los últimos años, las mujeres ya han estado presentes en el Dicasterio gracias a los extraños cambios regulatorios de Ghirlanda: Yvonne Reungoat (nombramiento finalizado el 13 de enero de 2025), Maria Lia Zervino y Raffaella Petrini. Mirando los nombramientos hechos en los últimos años, la experiencia no ha dado los resultados que se prometieron.
Los problemas críticos de la Hermana Brambilla: el autoritarismo
Incluir al Prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica entre los miembros del Dicasterio para los Obispos tiene sin duda sentido, dado que muchos religiosos son llamados al episcopado. Se espera que esta práctica disminuya en los próximos años en comparación con años anteriores, cuando las órdenes franciscanas contaban con más obispos que sacerdotes o laicos.
Sin embargo, el problema persiste: se optó por colocar a una monja al frente de dicho Dicasterio, llamada en realidad a supervisar un área que afecta directamente al poder de jurisdicción, que en la Iglesia está vinculado al Orden Sagrado (can. 129 §1 CIC). La hermana Tiziana Merletti también trabaja en el mismo Dicasterio y, a lo largo de los años —desde el contexto del Movimiento de los Focolares, del que proviene—, ha mostrado un enfoque ideológico y una preocupante falta de familiaridad con el derecho canónico, a pesar de haber obtenido algunas cualificaciones. No hay que olvidar que, en ese marco, Francisco había insertado, sin un plan creíble, la figura del cardenal Ángel Fernández Artime SDB, más para “aparcarlo” que para un proyecto a favor de la vida consagrada: Bergoglio primero decidió promoverlo y luego buscó un puesto donde colocarlo. Puestos que, además, están aumentando hoy en día, considerando que no tiene nada que hacer en la Plaza Pío XII. Y esto precisamente en el Dicasterio que debería ser más eficiente , dado que hoy en día la vida religiosa y la vida monástica…
Están en constante crisis. No se trata, en primer lugar, de una crisis de números: es una crisis de carisma vivido, de identidad reconocible, de fidelidad concreta. En demasiadas congregaciones, el nombre del fundador y el del instituto se han convertido en etiquetas decorativas, desconectadas de la verdadera actividad de sus miembros. Las peculiaridades de las familias religiosas son ahora desconocidas incluso para los propios miembros. Un misionero de la Consolata y un franciscano no viven vidas diferentes. E incluso los signos se convierten en campo de batalla para batallas ideológicas, como si quitarse el hábito o el velo religioso fuera la conquista de algún tipo de libertad. La secularización avanza, y mientras tanto el Dicasterio no funciona: un gobierno compuesto por religiosos inevitablemente termina operando según la lógica de la pertenencia, con cada uno mirando a su propia “familia” con especial consideración. Al frente de ese Dicasterio debe haber un cardenal del clero secular, para garantizar una verdadera condición de tercero. El Secretario debe ser un arzobispo que conozca verdaderamente —por experiencia, no por rumores— la vida monástica y religiosa. No se necesitan pro-prefectos ni cifras inventadas para garantizar un salario. La Iglesia es un lugar de servicio, no un mercado para ascender. Pero, hablando en serio, ¿qué pueden entender de la vida monástica de las carmelitas o los monjes cartujos una misionera de la Consolata y una monja franciscana de los Pobres quienes, cada mañana, parecen más interesados en peinarse el tupé para presumir (algunas sin velo, otras con él asomando por debajo) que en bajar a la capilla a rezar?
Más allá de todo esto, persisten otros problemas críticos. Dentro del Dicasterio, los propios colaboradores de la Hermana Brambilla describen una gestión improvisada y laboriosa, marcada por un clima que contrasta marcadamente con la imagen pública. Dicen que «detrás de los videos para redes sociales y esa sonrisa empalagosa mostrada en cámara», hay dinámicas de represalia, actitudes hoscas llenas de ira y decisiones dictadas más por la necesidad de reiterar “quién manda” —hasta el punto del verdadero autoritarismo— que por un gobierno guiado por la preocupación paternal por los religiosos, monjes y monjas. Además, fuera de los muros del palacio, hay varios religiosos, monjes y monjas que denuncian un dicasterio cada vez menos orientado a su tarea de apoyo a la vida religiosa y cada vez más marcado por una impronta ideológica, con la sensación de un sistema que protege a los “amigos” y se aprovecha de quienes no tienen contactos ni apoyo interno. Se citan como casos emblemáticos lo que sucedió con el padre Luigi Gaetani y lo que se atribuyó a la historia del padre Mauro Giuseppe Lepori en el caso de las monjas de Vittorio Véneto.
