EL JUEZ JUZGADO, O BERGOGLIO ENREDADO EN EL CASO BECCIU (+ Incidente diplomático con Pekín)

Por Sandro Magister para SETTIMO CIELO. Traducción del Prof. José Arturo Quarracino Fernández para GLORIA NEWS.

   

EL PROCESO DEL SIGLO LLAMA A JUICIO AL PAPA, QUE SE ARRIESGA A UN INCIDENTE CON LA CHINA

   

 

Entre los papeles que obran en poder del tribunal vaticano llamado a juzgar al cardenal Giovanni Angelo Becciu Curzu y a otros acusados, con la próxima audiencia fijada para el 25 de enero, hay una Nota Informativa en cuya parte superior está escrito que “durante la audiencia de la mesa del pasado 6 de abril, el Santo Padre dio autorización para hacer pública la citada Nota”. Firmado: Edgar Peña Parra, secretario sustituto de Estado.

 
Eso es lo que hace Settimo Cielo en este post: proporcionar a los lectores los rasgos esenciales de este documento, hasta ahora inédito, entregado por Peña Parra al tribunal vaticano para describir la situación de la Secretaría de Estado en el momento de su toma de posesión como sustituto, el 15 de octubre de 2018, “así como algunos aspectos de la labor de la Secretaría de Estado respecto al edificio de Sloane Avenue n. 60 en Londres”.

  
El expediente tiene 322 páginas, con numerosos anexos, pero las páginas clave son las veinte primeras con la nota de Peña Parra. Entre otras cosas, aparece una información que podría crear un incidente diplomático, nada menos que con China.

  
En efecto, se lee en ellas “algunas noticias proporcionadas por el arzobispo de Vilna (Lituania) sobre la inseguridad” del sistema informático del Vaticano. Con Peña Parra que lo especifica de este modo: “Un sobrino del arzobispo, experto en la materia, tenía evidencias de la intromisión de China en nuestro sistema informático y teníamos pruebas de ello”.

  
Dejando de lado la vulnerabilidad informática, el cuadro que Peña Parra traza de la Secretaría de Estado y en particular de su oficina administrativa, dirigida en esa época por monseñor Alberto Perlasca, es decididamente crítico.

  
Se lee en ese pasaje que “el Santo Padre había pedido una auditoría de la oficina administrativa y de los fondos de la Secretaría de Estado, las que deberían haberse completado antes de la llegada del nuevo sustituto”, es decir, Peña Parra, en lugar de su predecesor Becciu.

  
Pero no se hizo nada de esto. Perlasca –escribe Peña Parra– justificó el incumplimiento argumentando que “la Secretaría de Estado había vivido un momento muy difícil en los últimos años con la Secretaría para la Economía, a causa de las pretensiones del cardenal George Pell de hacerse con el control de toda la administración de la Santa Sede, con la intención de interferir en las competencias propias de la Secretaría de Estado en el ámbito administrativo”. En segundo lugar, monseñor Perlasca siempre fue de la idea que tanto el anterior Auditor General, el doctor Libero Milone, como el actual Auditor General, el doctor Alessandro Cassinis Righini, no eran personas dignas de confianza”.

 
Peña Parra escribe que tanto él como el revisor insistieron reiteradamente en que se cumpliera la voluntad del Papa, pero sin ningún resultado. La oficina administrativa se puso en “huelga blanca”, sin cambiar en un ápice su sistemático “modus operándi”, descrito de la siguiente manera: “Se trata de un mecanismo en el que se presiona al superior para que actúe con rapidez, con la perspectiva de acontecimientos ‘catastróficos’, como, por ejemplo: ‘Si no firma inmediatamente se corre el riesgo de perder mucho dinero’. […] Muchas veces también fui interrumpido inesperadamente al recibir a embajadores, obispos, etc., para firmar documentos urgentes que, según ellos, no podían esperar hasta el final de las conversaciones. […] El leitmotiv constante era que yo no conocía el ‘mecanismo’ y que, por tanto, las incertidumbres que tenía eran infundadas y sólo ralentizaban el trabajo de la oficina administrativa”.

  
La mala gestión afectó también al dinero que tenía la Secretaría de Estado, depositado en tres fondos de inversión y en trece bancos, con los respectivos contratos “casi siempre estipulados a favor de las contrapartes”. Por no hablar de los “graves errores” de contabilidad que “inflaron injustificadamente el valor del patrimonio gestionado por la Secretaría de Estado”, considerado en una fecha determinada como de 603 millones de euros, cuando en realidad era de 425 millones.

  
En síntesis, “la gestión general estaba orientada a la especulación financiera y no a la preservación conservadora y segura del patrimonio de la Secretaría de Estado”.

  
¿Y el desastroso asunto de Londres? A juicio de Peña Parra fue “la obra maestra de la oficina administrativa, en la que se verifican todas las críticas mencionadas y muchas otras que la imaginación humana difícilmente podría llevar a cabo”. Por ejemplo, “yendo a buscar a los peores de las finanzas internacionales y hacer negocios con ellos”.
  

La segunda parte de la Nota de Peña Parra se refiere precisamente a los desarrollos de la operación de Londres a partir de finales de noviembre de 2018 en adelante, de la que se ocupó no sólo él, el sustituto, sino también el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el propio papa Francisco.

  
El 22 de noviembre de 2018, instado por monseñor Perlasca a dar el visto bueno a una iniciativa financiera calificada como “urgentísima” para llevar a buen puerto la compra del palacio londinense, Peña Parra le ordenó elaborar un “memorando útil para presentar la solicitud al cardenal secretario de Estado y al Santo Padre para su evaluación al respecto”.

 
Para ello, el domingo 25 de noviembre el sustituto pidió y obtuvo “una reunión urgente con el Santo Padre”, cuya respuesta fue un cauto “sí”: “Me pidió que tuviera presente dos cosas, que luego repitió en varios momentos: (i) ‘tratemos de perder lo menos posible’ y (ii) ‘debemos voltear la página y empezar de nuevo’”.

  
Al día siguiente, lunes 26 de noviembre, también el cardenal Parolin dio su aprobación, devolviendo el memorando a Peña Parra con esta anotación al pie, escrita a bolígrafo y tinta en un italiano un poco impreciso: “Después de haber leído este memorando, a la luz de las explicaciones proporcionadas ayer por la tarde por monseñor Perlasca y el doctor Tirabassi, habiendo tenido garantías sobre la solidez de la operación (que aportaría ventajas a la Santa Sede), su transparencia y la ausencia de riesgos para la reputación (que, de hecho, superarían a los vinculados a la gestión del GOF), estoy a favor de celebrar el contrato”.

  

Anotación de Pietro Parolin Miotti al memorando de Édgar Peña Parra

  
El Fondo GOF –Global Opportunity Fund– al que alude el cardenal Parolin era uno de los tres fondos de inversión en los que la Secretaría de Estado había invertido dinero, concretamente 200 millones de dólares depositados previamente en los bancos suizos BSI y UBS, con los que en 2014 el entonces prefecto de la Secretaría para la Economía, el cardenal George Pell, había ordenado cerrar las cuentas. El fondo GOF, utilizado para invertir en la operación de Londres, estaba gestionado por el financista Raffaele Mincione.

 
Por lo tanto, la operación se llevó a cabo. “Con el beneplácito del Santo Padre y del cardenal secretario de Estado”, escribió Peña Parra, “nos adelantamos a perfeccionar la operación de recompra de la sociedad propietaria del edificio, firmando la ratificación el 27 de noviembre de 2018”.

  
Pero todavía quedaban por rescatar mil acciones en poder de otro financista, Gianluigi Torzi, quien exigía 10 millones de euros para venderlas.

  

Gianluigi Torzi y Francisco Bergoglio en Diciembre de 2018

  
Las hipótesis alternativas evaluadas inicialmente en la Secretaría de Estado fueron las siguientes: “1) iniciar un litigio contra Torzi; 2) recuperar el control total del activo (cuantificando así el valor de las mil acciones)”.

 
La solución adoptada fue la segunda, no sólo porque se la “consideró más económica y con riesgos más controlados”, sino sobre todo porque estaba “estrictamente de acuerdo con la Voluntad Superior”, es decir, con la voluntad del Papa, quien no sólo alentó a la Secretaría de Estado a proceder de esta manera, sino que él mismo dio el impulso a las negociaciones, según relata Peña Parra en la Nota: 

  

“El sábado 22 de diciembre de 2018, el Santo Padre me pidió que fuera a Santa Marta, donde me presentó al doctor Giuseppe Milanese, […] a quien conocí por primera vez, así como al doctor Manuele Intendente, […] de quien luego supe que era uno de los abogados de Torzi, mientras que Milanese era un conocido del Santo Padre. […] Al día siguiente consideré oportuno pedir a la oficina administrativa una aclaración de lo que había sabido durante la reunión en Santa Marta. […] Como monseñor Perlasca no estaba en el despacho, ya se había ido de vacaciones de Navidad, convoqué a Tirabassi a mi oficina”. Fabrizio Tirabassi, uno de los acusados en el juicio, era el número dos de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado.

   

Pocos días después, el 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, el papa Francisco recibió de nuevo a Torzi en Santa Marta, con su familia, haciéndose también fotografiar con él (ver más arriba), y se lo comunicó a Peña Parra, quien en la Nota registró de este modo la entrega recibida por Francisco: “Mi actuación […] estuvo y está motivada por el deseo de poner en práctica la Voluntad Superior, manifestada también en la reunión con Torzi el 26 de diciembre de 2018, a saber, ‘perder lo menos posible y empezar de nuevo’”.

  

Poco después tuvo lugar un tercer encuentro entre el Papa y Torzi, informado de esta manera por Peña Parra:

“En los primeros días de enero de 2019 el Santo Padre recibió en audiencia a Torzi junto con Intendente, el profesor Renato Giovannini, Milanese y yo. Durante un breve encuentro, el Papa Francisco quiso reiterar a Torzi que apreciaba lo que había hecho por la Secretaría de Estado, y que había dado al sustituto el mandato de reorganizar ampliamente la gestión patrimonial y financiera de la Secretaría de Estado y que su voluntad era ‘voltear la página y empezar de nuevo’. Esta Voluntad Superior se convirtió para nosotros en el punto fuerte de las negociaciones con Torzi, quien nunca pudo negar la voluntad expresada por el Santo Padre”.

Las mil acciones fueron efectivamente adquiridas por la Secretaría de Estado el 2 de mayo de 2019, a un precio de 10 millones de euros.

  
Pero esto no impidió que Peña Parra escribiera en la Nota que había “llegado a la convicción de que la Secretaría de Estado había sido víctima de un fraude”, por la forma en que el jefe de la oficina administrativa había actuado de antemano, “obligando de hecho a la Secretaría de Estado, en el momento de la terminación del contrato, a pagar a Torzi” esa considerable suma: “Con su firma prematura, y en todo caso no autorizada por sus superiores, monseñor Perlasca había cedido a Torzi no sólo el millar de acciones, sino sobre todo el derecho exclusivo a administrar el edificio, […] creando un considerable daño patrimonial a la Secretaría de Estado, por no hablar del daño a la reputación del Santo Padre y de toda la Iglesia”.

  
Es un hecho que la recuperación de las mil acciones se negoció y concluyó con Francisco como primer actor, según consta en la Nota Informativa de Peña Parra hecha pública por voluntad del mismo Papa.

 
Interrogado durante la fase preliminar del proceso contra Becciu y otros acusados, Perlasca confirmó la implicación del Pontífice, pero fue duramente silenciado por el promotor de justicia Alessandro Diddi: “¡Monseñor, lo que usted dice no tiene nada que ver! Antes de hacer lo que estamos haciendo, acudimos al Santo Padre y le preguntamos qué pasó, y puedo dudar de todos menos del Santo Padre”.

 
Este pasaje del interrogatorio de Perlasca, hecho público por un abogado de la defensa en la vista del juicio del 17 de noviembre, llevó a Diddi a desmentirse a sí mismo, negando que hubiera interrogado al Papa.

  
Pero el hecho de que Francesco haya estado entre los protagonistas del asunto que acabó siendo juzgado en el Vaticano ya está comprobado. ¿Y si los acusados lo llamaran a juicio? La gran pregunta será cómo desatar este nudo.