En entrevista concedida a Aldo Cazzullo al diario liberal milanés (claro y patente pleonasmo) CORRIERE DE LA SERA, el “presidente de Gobierno” pepesoe-podemita (y lacayo del judío György Schwartz Szűcs alias George Soros Suchs) Pedro Sánchez Pérez-Castejón habló no sólo de la plandemia del coronavirus wuhanense y de la imagen de los socialistas en España y Europa, sino también sobre lo único que lo hizo enroscarse en el poder: Franco.
El periodista le preguntó: «Vd. será recordado también como el presidente que ha re-exhumado el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos. Es el tiempo en que se derriban las estatuas. ¿Era precisamente necesario?», a lo que Sánchez respondió:
«Sí. Un dictador no merece un mausoleo; y sus víctimas no pueden reposar junto a él. He procedido en forma legal, aplicando la ley de la memoria histórica de Zapatero, y con un amplio consenso popular».
Y para poner la guinda al cóctel, preguntado sobre las relaciones del PSOE con la iglesia conciliar luego de las tensiones (se entiende que con Zetapé), dijo:
«Las relaciones son pacíficas. Francisco es unPapacarismático, espero poder conocerlo. Le cuento una cosa: me ha ayudado en el asunto del cuerpo de Franco. En el Valle de los Caídos había una comunidad de benedictinos contrarísima a la exhumación. He pedido la intervención del Vaticano. Y todo se ha resuelto».
Ante tamaña revelación (que quizá sea la única verdad dicha por ese mentiroso encostrado), INFOCATÓLICA acabó vendiendo el sofá y quemando el colchón, diciendo en pocas palabras que lejos de apoyar directamente la profanación so capa de “memoria histórica”, el Vaticano no quiso interferir al respecto, citando para el efecto la carta del cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin del 14 de Febrero de 2019 a la vicepresidenta de gobierno Carmen Calvo, que en misiva del 19 de Enero le informa del obstáculo que en su momento representaba el prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera Montenegro OSB, y le pide al Vaticano que tomara las decisiones oportunas «a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión»:
«Confirmo que la Santa Sede respeta plenamente el texto y el espíritu del Acuerdo con el Estado español sobre asuntos legales del 3 de enero de 1979, que reconoce y protege las respectivas esferas de competencia y jurisdicción. En cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia interna de otro Estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española».
Pero la carta dice párrafo seguido, recordando la reunión que los dos sostuvieran el 29 de Octubre de 2018 en el marco del Consistorio (visita considerada por algunos como chantaje), que:
«La Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del General Franco si la autoridad competente así lo dispone. A la comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles»
y con eso basta. Esta respuesta, diplomática donde las haya, para Pedro Sánchez Pérez-Castejón significó una victoria táctica en su pretensión de profanar (con el bergogliano placet) más la Abadía con la exhumación del Generalísimo, el último obstáculo (κατέχον, en términos apocalípticos) que le quedaba a España para evitar caer en el comunismo, y a Sánchez para legitimar en las Cortes su ascenso vía golpe de Estado a la Moncloa.
Por supuesto, los jerarcas de la ingrata Iglesia española no se opondrían a ello, ya que no les convenía perder la X en la planilla de impuestos (por el cual sólo el año pasado recibieron 284’000.000 de euros por parte de 8 millones y medio de contribuyentes, según Luis Javier Argüello García, portavoz de la CEE) ni su posición más favorable para discutir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (aun cuando solamente la APSA del Vaticano paga al Comune de Roma € 9’300.000 por este concepto).
Pero como Dios no se guarda nada, la alta incidencia de casos (252.513, entre ellos altos funcionarios del régimen, como la ministra de Política Territorial y Políticas Públicas Carolina Darias San Sebastián, y María Begoña Gómez Fernández –mujer de Sánchez– e Irene María Montero Gil –por cuya salud el ateo Iglesias tuvo que doblar rodilla en una iglesia–) y 28.396 muertes (destacando el alcalde socialista de Cantalojas Narciso “Siso” Arranz Cerezo y la “princesa roja” María Teresa de Borbón-Parma, prima del “rey” Felipe VI Puigmoltó-Borbón y Grecia) por la pandemia en España es una parte del castigo por profanar el lugar en que el Generalísimo (aun contra su voluntad, cabe resaltar) esperaba la Resurrección de los muertos. Y ni hablar del castigo que a Sánchez, Calvo, Parolin y Bergoglio les esperará en el Infierno por toda la eternidad.
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