HABLAN DE 30.000 DESAPARECIDOS, Y SABEN QUE ES FALSO

Ceferino Reato para LA NACIÓN (Argentina), 20 de Septiembre de 2013.

 
Los kirchneristas, en especial los líderes de las organizaciones de derechos humanos, que insisten en que los desaparecidos durante la dictadura fueron 30.000, me recuerdan a los dirigentes de esas ONG “truchas” que se ponen contentos cuando aumenta el número de pobres porque imaginan que, de esa manera, podrán capturar mayores subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera del país.
  
¿No les basta acaso con las heridas abiertas a los familiares, amigos y compañeros de las más de 7000 víctimas que registra el último documento publicado por el Gobierno sobre este tema, en 2006? ¿Les parece poco? ¿Por qué insisten en un número que todos ellos reconocen en privado como una suerte de mentira necesaria de otros tiempos, cuando debían captar la atención de la opinión pública nacional e internacional?
  
Creo que la respuesta es simple: han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera de lucha política y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Temen pagar un costo político si admiten la cifra real; que, por ejemplo, broten o se consoliden dudas sobre otras afirmaciones y posicionamientos. Razonan con una lógica de poder, ya no les interesa la verdad.
  
Durante demasiado tiempo, en mérito a sus luchas valerosas del pasado, las líderes de Madres y Abuelas han podido decir y hacer prácticamente cualquier cosa. El presente las encuentra con mucha influencia en la alianza gobernante, pero con la legitimidad dañada; son los beneficios y los perjuicios de haberse encolumnado en una opción política partidaria.
 
7158 víctimas es una cifra que indica una matanza atroz, con el agravante de que fue realizada desde el aparato estatal. Llegué a este número luego de contar los apellidos y nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el Anexo II del Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Primero, conté las víctimas en Córdoba, que es donde se desarrolla la trama de mi último libro, ¡Viva la sangre!, y comprobé que el número era inferior al que manejaba el Archivo Provincial de la Memoria; luego, extendí el recuento a nivel nacional.
  
Me gustaría hacer una aclaración sobre esa cifra total: es la suma de 6415 desaparecidos y 743 víctimas de “ejecución sumaria”, una categoría creada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, según me informaron en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
  
Se trata de una categoría muy general, que abarca a personas que fueron fusiladas en intentos de fuga que fueron fraguados y a muertos por grupos paraestatales, pero también a jóvenes fallecidos en tiroteos, durante ataques a cuarteles y comisarías o fusilados por los propios grupos guerrilleros a los que pertenecían, en cumplimiento de sentencias de “juicios revolucionarios”, como fue el caso del cordobés Fernando Haymal, de 26 años. Figuran, además, personas que murieron mientras armaban bombas que estallaron antes de lo previsto.
  
Incluye también a muertos en tiroteos con la policía de otros países, como Hugo Irurzún, el “Capitán Santiago” del Ejército Revolucionario del Pueblo, fallecido en Asunción del Paraguay en 1980, luego del atentado contra el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza, que vivía refugiado en ese país. Un combatiente argentino, pero abatido en un tiroteo con la policía paraguaya en Asunción.
  
Es imposible averiguar cuántos son los casos irregulares de “ejecución sumaria” sin el libre acceso a los legajos de cada una de las personas que figuran en el nuevo Nunca Más, cuyo acceso está restringido por la Secretaría de los Derechos Humanos. Es otra de las tareas pendientes que deja el oficialismo.
  
Además, el kirchnerismo “extendió” el objetivo original de la Conadep; esta comisión fue creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 para recoger información sobre los detenidos desaparecidos durante el régimen militar; en 2006, Néstor Kirchner incluyó a las “víctimas del terrorismo de Estado” antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y desde 1969. Figura, por ejemplo, Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, quien murió en un tiroteo con la policía en 1970, poco después de secuestrar y matar al teniente general Pedro Aramburu; la inclusión de Abal Medina (tío del actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo) habría sido realizada sin que su familia lo supiera.
 
La línea política parece clara: el objetivo no es ya honrar y recordar a los desaparecidos durante la dictadura, sino a todos los combatientes por la revolución sin importar el modo ni el lugar ni el momento en el que murieron. Eso sucede tanto en el nuevo Nunca Más como en los monumentos que se han levantado últimamente, como el Parque de la Memoria, en la Costanera porteña.
 
Las fechas han seguido corriéndose, con el respaldo de casi todos los bloques opositores, que aprobaron las leyes respectivas, y ahora el recuento de “víctimas del terrorismo de Estado” parte desde los muertos el 16 de junio de 1955 durante el bombardeo a la Plaza de Mayo.
  
El acceso a los legajos está restringido, pero podemos suponer que los herederos de todas esas personas han cobrado la indemnización prevista originalmente para las víctimas del terrorismo de Estado, que en estos momentos asciende a 1.700.000 pesos aproximadamente. Aunque no sería así en todos los casos, por ejemplo en la reducida cantidad de Madres que sigue a Hebe de Bonafini y entre los herederos de Fernando Abal Medina, según me aseguró un familiar del actual jefe de Gabinete.
  
Cifras que no son ciertas, víctimas que no fueron tales, pagos irregulares de dineros que salen del presupuesto público: demasiadas opacidades para una historia que merecía otro desenlace y que ha sido corrompida por el recurso político del relato.