CONTINÚA LA CORRUPCIÓN MORAL CONCILIAR

Noticias tomadas de distintas fuentes.

  

1.º SUSPENDEN POR SEGUNDA VEZ A PRESBÍTERO MALLORQUÍN SEÑALADO DE ACTOS LASCIVOS.

  

El obispado de Mallorca apartó cautelarmente de sus funciones al presbítero Joan Pons Payeras de la parroquia Santa María del Camino y Alaró después que una mujer vinculada al servicio de acogida parroquial señalara haber sido objeto de tocamientos deshonestos, informó ayer el Diario de Mallorca.

El procedimiento se activó luego que la mujer, que vivía en un piso de acogida de la Cáritas parroquial, relatara lo ocurrido a una trabajadora social del ayuntamiento de Santa María del Camino el pasado Mayo.

 

El Obispado señaló en un comunicado que hasta el momento no consta denuncia formal ante la Policía, los juzgados o las autoridades eclesiásticas por parte de la alegada víctima. Versión contra dicha por el ayuntamiento de Santa María del Camino a la cabeza de su alcalde Nicolau Canyelles, que manifestó interponer las respectivas denuncias ante la Fiscalía y el Obispado apenas tuvo conocimiento de la situación, y la mujer fue trasladada a otro piso de acogida.

Por su parte, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, prefirió no pronunciarse al respecto, señalando desconocer los hechos porque no ocurrieron en su municipio.

Adicional a la suspensión, dada a conocer indirectamente apenas el 24 de Octubre luego de la presentación del nuevo equipo pastoral de la recién creada “Comunidad Pastoral Camino de Emaús” (conformada por las parroquias de Santa María del Camino, Alaró y Oriente), Pons fue enviado a Barcelona con el fin oficial de «ampliar su formación y conocimientos teológicos».

Pons, de 73 años y natural de Búger, fue “instalado” presbítero en 1983 y cuenta con una larga trayectoria en el ámbito religioso (ha pasado por varias parroquias de la Isla como Mancor de la Vall, Biniamar o Calvià) y, como cronista oficial de Búger desde 2014, también es conocido por su labor como investigador y autor de numerosos libros sobre historia local y religiosa de la isla. En el año 2015, ya tuvo un incidente similar cuando era párroco de Sa Pobla y un antiguo monaguillo también puso de manifiesto unos posibles abusos ocurridos en el año anterior, por los cuales fue apartado de sus funciones y enviado a Barcelona. El presbítero había puesto su cargo a consideración del entonces obispón Javier Salinas Viñals (que había implementado una política de “tolerancia cero” ante los abusos), pero el Tribunal Eclesiástico de Mallorca archivó el caso porque la víctima era mayor de edad al momento de los hechos (a diferencia del caso de Antoni Vallespir Llompart, exsuperior de los Misioneros de los Sagrados Corazones en el monasterio de Santa María de la Real, acusado en 2015 de abusar de menores en la escolanía del santuario de Nuestra Señora de Lluc en los años 90. Su caso fue declarado prescrito por la Audiencia Provincial en 2016, y Vallespir falleció en 2019). y Pons fue trasladado a Santa María del Camino.

El obispón Sebastián Taltavull Anglada defendió la medida, calificándola de “proporcional” a la información conocida y “conforme a los protocolos vigentes”. Señaló además que, de conocerse más información, está dispuesto a colaborar con la justicia.

La medida no presupone juicio o condena, por lo que se mantiene la presunción de inocencia en favor de Pons Payeras hasta que se pruebe lo contrario.

En los últimos años, la diócesis de Mallorca había sido sacudida por escándalos de abusos: en 2024, el presbítero catalanista Guillermo Feliú y Ramís se suicidó mientras era investigado canónicamente por dos denuncias relacionadas con hechos ocurridos en el año 2000; y sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma la causa por presuntos abusos a una mujer con discapacidad, en la que están investigados un presbítero diocesano y dos jesuitas (uno de estos últimos afirmó en 2024 ante los jueces que las relaciones fueron consentidas y cuando la víctima era ya mayor de edad).

2.º PRESBÍTERO DE CONNECTICUT SE DECLARA CULPABLE DE ABUSO DE UN MENOR EN BALTIMORE.

  

El expresbítero Laurence A. LaPointe se declaró culpable el pasado 4 de Noviembre de haber abusado de un alumno en la década de 1970 cuando se desempeñaba como capellán y profesor de religión en la escuela Gilman de Baltimore, informó el fiscal general del estado de Maryland Anthony G. Brown a medios locales.

En una vista en el complejo judicial Elijah E. Cummings, LaPointe, de 81 años e “instalado” presbítero el 6 de Junio de 1970 en la diócesis de Norwich de Connecticut, se declaró culpable de abuso sexual de cuarto grado y agresión simple ante el juez Charles H. Dorsey III del Tribunal de Circuito de Baltimore, que lo sentenció a tres años de prisión suspendida y cinco años de libertad condicional supervisada. 

Adicionalmente, tiene prohibido estar cerca de cualquier menor de 18 años, realizar trabajos o voluntariado en entornos educativos con menores o contactar a la víctima por cualquier medio, se le impuso someterse a una evaluación psicosexual y seguir el tratamiento que le sea ordenado.

«Quienes sufrieron abusos sexuales en la infancia siguen cargando con el peso de ese trauma mucho después de llegar a la edad adulta», declaró Brown. «Sin importar cuánto tiempo pase, ayudaremos a aliviar esa carga sobre los hombros de los sobrevivientes y exigiremos responsabilidades a cualquiera que abuse de una posición de confianza para infligir un daño tan devastador a nuestros niños».

Según consta en el expediente del caso, LaPointe conoció a la víctima (que en ese momento era estudiante de secundaria), en Gilman, donde LaPointe se desempeñaba como capellán y profesor de religión por cuenta de sus estudios de maestría en Psicología y Educación de la Universidad Johns Hopkins.

Aproximadamente en 1976 ó 1977, LaPointe invitó al chico a su apartamento en el campus, encima del gimnasio, para jugar al ajedrez. Siempre según el expediente, el “padre Larry” convenció al niño para que jugara una partida de lo que denominó “strip chess” o ajedrez de desnudarse, durante la cual tocó al menor y le ordenó que guardase silencio de los ocurrido.

Según los fiscales, la víctima describió la dificultad de revelar el abuso y su decisión de denunciarlo.

«Mi deseo de privacidad ya no podía prevalecer sobre mi deseo de que rindiera cuentas», dijo la víctima.

También instó a LaPointe a reconocer cualquier otra mala conducta y a asumir la responsabilidad sin obligar a otras posibles víctimas a soportar largas investigaciones o juicios.

«Espero que su admisión de culpabilidad de hoy marque el comienzo de un proceso mucho más amplio de honestidad y rendición de cuentas», dijo la víctima. «Si hay otros, y si le queda siquiera una pizca de dignidad, o quizás un vestigio de aquel propósito original que lo llevó al seminario, entonces les debe esa verdad».

La víctima concluyó su declaración reflexionando sobre las casi cinco décadas que había soportado el peso del abuso.

«Hoy, por fin, después de casi 50 años, la pesada carga de sus actos y el daño irreparable que ha causado, pasa de mí a quien le corresponde», dijo. «A partir de hoy, es obligación de Laurence LaPointe asumir la responsabilidad de lo que le hizo a un niño inocente».

Al momento de iniciar la investigación judicial por parte del Departamento de la Niñez y las Familias de Connecticut en Marzo de este año, LaPointe fue suspendido como párroco de Corpus Christi en Willimantic (que comprende las iglesias de San José, Santa María y Sagrado Corazón de Jesús) por el obispón local Richard F. Reidy.

La diócesis de Norwich había salido mediante un acuerdo de compensación por 31 millones de dólares en Mayo de 2025 del proceso de quiebra del capítulo 11 iniciado cuatro años antes por varias demandas civiles por casos de abuso sexual clerical, en su mayoría ocurridos en la antigua escuela de Monte San Juan. En su momento, el presbítero LaPointe solicitó junto con otros colegas que su parroquia fuera unida al acuerdo.

  

3.º RATIFICAN CONDENA DE EXPRESBÍTERO HAITIANO WOOBY ORESTE.

  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la pena de once años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial al expresbítero haitiano Wooby Oreste Jacques Oris por agredir sexualmente a una mujer que llegó a España en estado de extrema necesidad y que se acogió a la ayuda de la Cáritas parroquial de San Pedro Regalado de Vallecas, informó OKDiario.

Los jueces rechazaron la tesis del complot de las funcionarias de la Cáritas esgrimida por la defensa del “Padre Ubi” en todo el juicio y que invocó en su recurso de apelación, señalando la “falta de rencor” de su víctima contra él, que llegó incluso a participar en una romería en la que él también estaba después de los hechos. Su testimonio, que “se mantuvo constante” a lo largo de cuatro años de proceso judicial ante diferentes instancias, estaba además corroborado por el de otras personas, voluntarias de Cáritas y feligresas, que conocieron los hechos o vivieron situaciones que finalmente fueron denunciadas aunque se le exonerara de la mayoría porque “se retiró” o “no insistió” cuando las mujeres se lo exigieron.

Si bien los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en el año 2022, Jacques ya tenía un patrón conductual por haber mostrado insinuaciones en los años 2020 y 2021 hacia mujeres en condición de vulnerabilidad.

  

Con todo, Jacques no ha sido puesto en prisión por sus crímenes; y la defensa anunció que interpondrá recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Hijo de un político de la capital haitiana, Wooby Oreste Jacques Oris viajó por República Dominicana y Roma antes de recalar en Madrid a mediados de la década de los noventa para formarse en el kikoseminario “Redemptóris Mater” de Madrid y fue “instalado” presbítero el 17 de Mayo de 2003 por el cardenal Antonio María Rouco Varela. Sirvió sus dos primeros años en Torrelodones y tras un lustro en Venezuela y el sur de Francia volvió a la capital de España: Barajas, San Agustín de Guadalix, Buitrago de Lozoya hasta, finalmente, convertirse en el párroco de San Pedro Regalado y San José de Calasanz en Puente de Vallecas en 2018, donde se hizo famoso por ser visitado personalmente por el alcalde pepé de Madrid José Luis Martínez-Almeida Navasqüés y el concejal del distrito Borja Fanjul para repartir ayudas durante la coronapandemia.

Apartado de sus funciones en 2024 después que la archidiócesis de Madrid empezara una investigación canónica penal por sus actos, continuó con su labor social con la diáspora haitiana por medio del partido político Fusión de los Socialdemócratas Haitianos y luego por la fundación “Zanmi Ayiti.ES” (Amigos de Haití).