Noticia tomada de GLORIA NEWS.
El presbítero peruano Ricardo Yesquén Paiva murió el 20 de Julio de 2026 en Ferreñafe (dpto. Lambayeque) a los 59 años sin enfrentar una investigación canónica o civil sobre las acusaciones de que abusó sexualmente de Ana María Quispe Díaz (de 10 años al momento de los hechos) en 2006.
En Septiembre de 2024, la Diócesis de Chiclayo dijo que Yesquén sufría de una «enfermedad grave degenerativa» que le impedía defenderse, «por lo que no puede abrirse una causa contra él», y añadió que «desde hace años no ejerce el ministerio sacerdotal». La diócesis nunca identificó la enfermedad.
Las denunciantes contestaron la explicación, señalando registros diocesanos oficiales y fotografías que lo muestran en eventos litúrgicos públicos hasta al menos principios de 2023, contradiciendo las afirmaciones de que había dejado de ejercer el ministerio.
Una imagen de Enero de 2023 (arriba) muestra al entonces obispón Roberto Francisco Riggitano-Prévost Martínez OSA (actualmente “Papa León XIV”) celebrando un cumpleaños junto a Yesquén, casi tres años después de la primera denuncia y nueve meses después de la segunda.
El caso ganó atención internacional porque la primera denuncia contra Yesquén llegó al obispón Riggitano-Prévost ya en Marzo de 2020, mientras dirigía la diócesis de Chiclayo.
Dos presbíteros acusados, una casa parroquial
Yesquén fue uno de los dos presbíteros acusados por el mismo grupo de mujeres. El otro, Eleuterio Vásquez Gonzáles, conocido como “Padre Lute”, se enfrentó a acusaciones separadas que involucraban a varias niñas. Según grabaciones de audio, Vásquez reconoció la conducta alegada en su contra, pero matizando que «era pecado, no delito».
Vásquez nunca se enfrentó a un juicio canónico. En 2025, Riggitano-Prévost le concedió su solicitud de dimisión del estado clerical, terminando el caso canónico sin un juicio a pesar de las objeciones de las denunciantes.
Las quejas llegaron al futuro Papa
La víctima dice que informó por primera vez al obispón Riggitano-Prévost en 2020. Según el derecho canónico, los obispos están obligados a iniciar una investigación preliminar al recibir información creíble sobre posibles abusos.
Las denunciantes sostienen que nunca se abrió una investigación preliminar válida contra Yesquén.
Fotografías y publicaciones diocesanas oficiales lo muestran participando en procesiones, liturgias y reuniones de clérigos después de que se presentara la denuncia.
La investigación de Riggitano-Prévost fue una «tomadura de pelo»
La diócesis de Chiclayo ha negado sistemáticamente cualquier encubrimiento, sosteniendo que el obispón Riggitano-Prévost se reunió con las denunciantes, remitió el caso al Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano y siguió los procedimientos canónicos.
Los autores impugnan esa versión. Según ellos, el abogado canónico Giampiero Gambaro, más tarde asignado a revisar el caso, describió el manejo anterior del expediente bajo Riggitano-Prévost como «una tomadura de pelo», agregando que la investigación estaba «muy mal hecha», con «muchos errores» y «mucha superficialidad».
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