José Antonio Satué Huerto, obispón de Teruel-Albarracín y juez del caso de José María “Chema” Martínez Sanz, de 47 años, le ha expulsado como miembro del Opus Dei siguiendo el artículo 30.1 de su Código de Derecho particular.
Martínez, numerario y profesor del colegio del Opus Dei en Gaztelueta (España), fue acusado de abusos entre 2008 y 2010, por los que fue condenado seglarmente en primera instancia a once años de prisión por la Audiencia Provincial de Vizcaya en 2017 (posteriormente rebajado a dos años por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2020), pero absuelto canónicamente por el Vaticano en 2015.
Sin embargo, Satué pidió el 3 de Marzo a Martínez "que abandone el Opus Dei". La ironía es que, tras el motu proprio de Francisco de agosto de 2023 contra el Opus Dei, los miembros laicos ya no forman parte de él de todos modos.
"Como he dicho en muchas ocasiones, la sentencia era previsible antes de que comenzara el juicio", comentó Martínez el 3 de marzo.
Martínez llevó su caso a los tribunales civiles españoles. El juez aceptó su petición y el obispón Satué está siendo juzgado actualmente por violar el derecho al honor de Martínez. Casualmente, publicó su veredicto el día en que fue citado por el juez en Pamplona.
El juicio ha sido aplazado porque Satué no ha facilitado al tribunal los documentos solicitados y otro material que el Vaticano nunca ha hecho público.
Curiosamente, el decreto de Bergoglio contra Martínez se firmó el 17 de diciembre, pero no se comunicó hasta ayer, cuando Satué pudo "liberarse de otras obligaciones indelegables y urgentes", según el decreto.
Otra cosa extraña es que Satué haya completado el proceso canónico sin una sentencia condenatoria contra Martínez, que ha denunciado en varias ocasiones las irregularidades del proceso canónico:
- Fue juzgado por segunda vez por el mismo presunto "delito", tras ser absuelto en 2015;
- Se le aplicaron retroactivamente leyes aprobadas después de los supuestos hechos;
- En su primera comunicación escrita, Satué le instó a declararse culpable, demostrando que no era un juez imparcial y negándole la presunción de inocencia;
- A Martínez se le aplicaron leyes que no se aplicaban a ningún laico;
- Martínez califica el proceso canónico de "pantomima vergonzosa" porque "nunca ha habido la más mínima oportunidad de defenderme".
Sigue considerando la posibilidad de recurrir el decreto ante la Signatura Apostólica, el tribunal romano "que es la única instancia que puede parar este disparate".
Por el momento, y "con gran tristeza", ha escrito una carta al prelado del Opus Dei manifestando que abandona la organización: «Prefiero marcharme antes que ser un problema».
Confiesa que "desde que comenzó este proceso, me he sentido comprendido y apoyado por muchas personas del Opus Dei, que saben muy bien que soy inocente".
InfoVaticana señala que al expulsar a Martínez, Satué ha hecho lo que Bergoglio quería. El que dice ser el Papa de "todos, todos, todos" se negó a recibir al acusado y nunca quiso escuchar la otra versión de la historia. Pero sí recibió en 2022 a Juan Cuatrecasas Cuevas, hijo del exdiputado Juan Cuatrecasas Asua y el acusador de Martínez.
Se trata de la primera sentencia vaticana contra un laico.
En siete casos, José Antonio Satué se negó a aceptar las pruebas presentadas por la defensa.
En su lugar, considera que Martínez "hizo preguntas inapropiadas sobre asuntos sexuales", "mostró a Juan Cuatrecasas [el acusador] fotos de mujeres con poca ropa en el ordenador de la oficina" y que el acusador "sufrió tocamientos en diversas partes de su cuerpo, incluidas sus partes íntimas, por parte de José María Martínez".
Martínez ha negado sistemática y vehementemente estas acusaciones y fue declarado inocente por el Vaticano en 2015.
Pero el caso ha sido juzgado "por segunda vez" después de que el propio Bergoglio ordenara su reapertura en un programa de televisión (sic) con el periodista y cómico Jordi Évole Requena: Esta decisión no sólo pone en duda la imparcialidad de la Santa Sede, sino que también muestra cómo se explota la justicia con fines mediáticos y políticos.
Según InfoVaticana.com, la actuación de Francisco en este caso ha puesto en tela de juicio no sólo su credibilidad en materia de justicia, sino también su respeto por los principios fundamentales del Derecho internacional y canónico.
Es imposible entender la reapertura del caso Gaztelueta sin tener en cuenta la continua guerra privada de Francisco contra el Opus Dei, escribe InfoVaticana.com: "Todo apunta a una campaña para debilitar a la prelatura".
"Si el Vaticano quiere mantener su autoridad moral, debería empezar por respetar los principios básicos de la justicia en lugar de explotarlos con fines políticos. De lo contrario, su credibilidad seguirá en caída libre".
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