Noticia tomada de GLORIA NEWS, ampliada en algunos lugares.
En el entorno del gobierno italiano “de derechas” circula la broma de que la Conferencia Episcopal Italiana llama al gobierno «única y exclusivamente» para hablar de dinero.
El subsecretario de Estado, Alfredo Mantovano, es el responsable de las relaciones con la Iglesia. Para el gobierno, los obispones están «un poco demasiado preocupados» por el 8 per mil.
“8 por mil” es un sistema de asignación de impuestos en Italia que permite a los contribuyentes donar el 0,8% de su impuesto anual sobre la renta a la Iglesia, a otras confesiones religiosas o al Estado.
Según publicara Lo Spiffero el 8 de Septiembre, a principios de este año, tras una decisión de Mantovano, el objetivo del gobierno era aumentar la transferencia del 8 por mil al Estado para financiar las políticas antidrogas.
Pero esto no gustó a los obispones italianos. Una reunión en primavera entre el cardenal Matteo María Zuppi Fumagalli y Mantovano, en presencia de la primera ministra Giorgia Meloni, casi desembocó en un enfrentamiento.
Como resultado, varios obispones adoptaron posturas firmes contra el gobierno, cual si fuesen la sucursal clerical del Partido Democrático.
El vicepresidente para Italia del Sur de la Conferencia Episcopal Italiana, Francesco “Ciccio” Savino, obispón de Cassano en el Jonio, denunció con vehemencia la ley de autonomía diferenciada, que pretende dar mayor autonomía a las regiones italianas, como un «peligro mortal».
En respuesta, el gobernador del Véneto, Luca Zaia, le declaró que «como católico me parece ofensivo que se hipoteticen católicos buenos y malos, tan “malos” que piensan dejar morir de hambre a los primeros» y, esperando el diálogo, recordó lo que dijo el siciliano don Luigi Sturzo en 1949: «Soy un unitario pero un federalista impenitente».
En cambio, para la falsa oposición “de izquierdas”, estas intervenciones episcopales son «palabras correctas y proféticas».
Si los obispones hubieran criticado el aborto o la eutanasia (algo que de todos modos no quieren hacer), los socialistas de salón lo habrían calificado de «injerencia en política» por parte de la Iglesia, cosa que Bergoglio les reprochó en 2015 a sus gerentes regionales.
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