DEL DOCUMENTO PROGRE DEL FBI DE VIRGINIA

Después de revelarse el documento “El interés de los extremistas violentos por motivos raciales o étnicos en  la ideología católica tradicionalista radical casi seguramente presenta nuevas oportunidades de mitigación” de la seccional del FBI en el estado de Virginia que categoriza a los “Católicos tradicionalistas radicales” como Extremistas violentos racial o étnicamente motivados citando para ello al Centro para la Ley de la Pobreza Sureña, la dirección general del negociado se “desvinculó” del documento mediante el siguiente mensaje de correo electrónico enviado al diario Daily Signal luego que su presidente Mike Howell presentara una solicitud basada en la Ley por la Libertad de la Información (FOIA; o Derecho de petición de información, como se conoce en otros países) exigiendo todos los documentos con los términos “Centro Legal de Pobreza del Sur” y “Católica”; “SPLC” y “católica” ; “católico tradicional”; “RTC”; “Misa latina” y “extremista”; y más:

«Si bien nuestra práctica estándar es no comentar sobre productos de inteligencia específicos, este producto de la oficina de campo en particular, difundido solo dentro del FBI, con respecto al extremismo violento por motivos raciales o étnicos no cumple con los estándares exigentes del FBI. Al enterarse del documento, la sede del FBI rápidamente comenzó a tomar medidas para eliminar el documento de los sistemas del FBI y realizar una revisión de la base del documento. El FBI está comprometido con el comercio analítico sólido y con la investigación y prevención de actos de violencia y otros delitos mientras defiende los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y nunca realizará actividades de investigación ni abrirá una investigación basada únicamente en la actividad protegida por la Primera Enmienda».

Es de advertir que ex agentes del FBI confirmaron que por directrices centrales, el SPLC no es tenido como referencia autorizada, y los agentes tienen prohibido citarlo en la documentación de trabajo ni en documentos oficiales.

 

Howell explicó en su libro “Making Hate Pay: The Corruption of the Southern Poverty Law Center” (Crear odio paga: La corrupción del Centro para la Ley de la Pobreza Sureña) que el SPLC trasladó a los grupos conservadores el mismo programa que usó para causar la bancarrota vía estrados judiciales a las ramas del Ku Klux Klan, en parte para aterrorizar a los donantes y en parte silenciar a sus opositores. Por otra parte, un ex empleado denunció después que el SPLC despidiera a su fundador Morris Dees Jr. acusado de acoso sexual y discriminación racial en el año 2019, que la campaña de acusaciones del SPLC a grupos que etiquetan como “de odio” era un cínico fraude de recoger fondos para estafar a los progresistas norteños a base de rumores no comprobados que han conllevado a situaciones críticas.

  

El 15 de Agosto de 2012, el activista LGBT Floyd Lee Corkins II ingresó armado a la sede del Consejo de Investigación Familiar (FRC) en Washington, con la intención de masacrar al personal y luego llenarles la cara con emparedados de filete de pollo de la cadena Chick-fil-A, siendo detenido por el guardia de seguridad del edificio Leo Johnson, quien fue herido en un brazo cuando lo desarmó. Corkins (nacido en Herndon, Virginia) fue condenado a 25 años de prisión por cargos de terrorismo con armas, asalto con intención de matar con armas, y transporte interestatal de armas de fuego y municiones. El crimen fue inspirado porque el SPLC etiquetó al FRC en su “mapa de odio” porque esta organización cristiana ha colaborado en la redacción de la Ley de Defensa del Matrimonio y producido artículos de meta-investigación que desacreditan los muchos estudios falsos que el movimiento activista LGBTQ proporciona a los medios de comunicación. Un mes después, el entonces presidente del SPLC, J. Richard Cohen, se distanció del ataque, pero dijo que el FRC merecía grandemente la etiqueta de “grupo de odio”. «Esparcir mentiras demonizantes es peligroso, no exponerlas», se justificó.

  

  

Al día siguiente de la “retractación”, el fiscal general del estado de Virginia Jason Miyares presentó (con las firmas de sus homólogos de los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, y Virginia Occidental) una carta al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, y al director del FBI, Christopher Wray, exigiendo que el Departamento de Justicia y el FBI «desistan de investigar y vigilar a los estadounidenses que no han hecho que ejercer su derecho natural y constitucional a practicar su religión de la manera que elijan», amenazando con emprender acciones legales de lo contrario, prometiendo «tomar todos los medios legales y apropiados para proteger los derechos de nuestros electores tal como lo garantiza nuestra Constitución».

   

Los fiscales generales exigieron que el Departamento de Justicia publique el informe completo, presente cualquier documentación utilizada para redactarlo, cualquier documento de respaldo e investigue cómo se redactó el informe, y divulgue si el FBI ha estado utilizando agentes para infiltrarse en lugares de culto.

  

Hasta el momento, ni la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, ni la diócesis de Richmond (Virginia) se han pronunciado sobre el documento del FBI, a diferencia del obispo emérito de Tyler (Texas) Joseph Strickland y el presentador de Fox News Tucker Carlson (quien no es católico).