LAICIZADO PRESBÍTERO ABUSADOR DE ARGENTINA

El presbítero argentino Justo José Ilarraz Dietz, de 65 años, condenado a 25 años de prisión por abuso de menores, ha sido laicizado. Así informó la diócesis de Santísima Concepción de Tucumán, donde Ilarraz estaba incardinado:

«El Obispado de la Santísima Concepción de Tucumán, comunica que después de realizarse un Proceso administrativo Penal contra el Pbro. José Justo (sic) Ilarraz, incardinado en esta diócesis, por delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad (motu próprio Sacramentórum sanctitátis tutéla, art. 6 §1, 1.º), encomendado al Tribunal Interdiocesano Bonaerense, y luego de elevarse el Recurso del acusado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, este organismo determinó a norma del art. 21 §1, 2.º de SST, presentar el caso al Santo Padre quien ha dispuesto la expulsión del estado clerical del mencionado sacerdote.

  

Como diócesis de la Santísima Concepción mantenemos nuestro compromiso por la búsqueda de la verdad y la justicia, condenamos toda clase de abuso y acompañamos con nuestra oración a las víctimas».

   

Hijo del fallecido Ángel Antonio Ilarraz y de Sofía Dietz, Justo José fue instalado presbítero en 1983. Al año siguiente, el entonces arzobispón de Paraná y futuro cardenal Estanislao Esteban/Stanislav Stjepan Karlić Mavrič (para quien Ilarraz trabajó como chófer) lo nombró Prefecto de Disciplina y Ecónomo del Seminario Menor Nuestra Señora del Cenáculo, desempeñándose en el cargo hasta 1992, cuando acompañados del prefecto del Seminario Mayor Juan Alberto Puiggari Etcheverry (actualmente arzobispón de Paraná), dos de sus víctimas (se totalizaron unas 20, que reunían el perfil de ser jóvenes de ascendencia alemana procedentes de hogares rurales disfuncionales) denunciaron a Ilarraz ante Karlić, quien primero resolvió trasladarlo a otra parroquia de Entre Ríos y luego lo exilió a Roma para estudiar misionología (irónicamente, su tesis de licenciatura tuvo por título “Los niños: nuevos misioneros para los nuevos tiempos”).

  

En 1995, Karlić inició el proceso canónico, obligando a las víctimas a jurar silencio, y al año siguiente, el tribunal diocesano emitió un decreto que le prohibía a Ilarraz estar en Paraná, y lo envió a retiro espiritual de un mes (durante el juicio seglar, Karlić declaró que en Roma, Ilarraz reconoció en 1997 sus crímenes y pidió perdón, versión que fue desmentida por él ante la jueza Susana María Paola Firpo, por lo que Karlić estuvo al borde de juicio por encubrimiento –juicio que al final no se dio–). 

   

Regresado a la Argentina, Ilarraz se estableció en la provincia de Tucumán, aunque en algún momento entre 1998 y 1999 vivió en Buenos Aires, durante el gobierno del arzobispón Jorge Mario Bergoglio (aunque se consta que no ejerció como presbítero allí). En el año 2000, fue nombrado en la parroquia en Monteros, provincia de Tucumán, siendo incardinado en la diócesis de Concepción al excardinarse de la archidiócesis de Paraná.

  

En Septiembre de 2010, un grupo de ocho presbíteros presentaron una solicitud al arzobispón Mario Luis Bautista Maulión († 2020) para que expulsara a Ilarraz del presbiterado y lo denunciara ante las autoridades civiles. Según consta, Maulión prometió tomar medidas pero no hizo nada al respecto que expulsara del clero a Ilarraz y lo denunciara a las autoridades civiles. Maulión prometió hacerlo, pero en Noviembre renunció a la diócesis aduciendo la edad.

  

Finalmente, en 2012, Ilarraz abandonó la parroquia de Monteros poco antes de salir un artículo periodístico de Daniel Enz en el portal Análisis, y se inició el proceso penal por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravada. Luego de seis años de investigación y vistas, Ilarraz fue condenado en 2018 a 25 años de prisión por el abuso de siete menores que eran seminaristas en el Seminario Menor de Paraná. Pena que actualmente cumple en su domicilio con una tobillera tobillera electrónica mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación estudia el caso (Ilarraz había apelado la sentencia en varias ocasiones, pero en todas se rechazaron los recursos).

Mientras se llevaba a cabo el juicio seglar, en 2015 se reabrió el proceso canónico contra Ilarraz, porque el entonces arzobispón Mario Aurelio Poli envió a dos representantes de Buenos Aires al arzobispado de Santa Fe con la orden de reabrir la investigación. Varias de las víctimas acudieron a declarar.

  

El caso Ilarraz propició que el Congreso de la Nación argentina aprobase la Ley 27.206 “Respeto a los Tiempos de las Víctimas”, la cual reformó el Código Penal en el sentido que suspende los plazos de prescripción en casos de abusos durante todo el período en que la víctima es menor y una vez adulto hasta que decide impulsar la denuncia o ratificar la que una persona hubiese hecho en su lugar. Asimismo, la nueva ley añadió la pena de inhabilitación perpetua del agresor cuando el delito se hubiera cometido aprovechándose de su cargo o función.