«EL CRUCIFIJO NO CONDICIONA A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA» (Para lo que les importa el crucifijo a ellos)

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Al declarar que «retirar el crucifijo sería hostilidad antirreligiosa no laicismo», la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Colombia ratificó mediante la sentencia STC6749-2022 del 1 de junio de 2022, la sentencia T-122779 del 31 de Marzo de 2022 de la Sala de Casación Penal en el sentido que la presencia de una cruz en la sala de pleno del tribunal constitucional no viola la neutralidad del Estado ni condiciona a los magistrados, por lo que se quedará en el lugar.

   

El ciudadano Daniel Camilo Solano Niño presentó una tutela (recurso de amparo) en la que sostuvo que supuestamente la presencia del crucifijo en el palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía suponía que el Estado asumía un «sesgo» y que su presencia podría coaccionar a los jueces en sus decisiones.

  

La Corte aseguró que los magistrados «no vieron afectado su criterio y objetividad» y que la presencia del crucifijo «no constituye ninguna forma de exclusión o adoctrinamiento». Explicó que además el crucifijo tiene un valor histórico, dado que se encuentra en la sala de plenos desde que fue inaugurada el 7 de Junio de 1999, y tiene un valor cultural tras ser tallado por un artesano de la localidad bogotana de La Candelaria «de reconocido talento». Reiteró que según la UNESCO la identidad cultural se define como «los rasgos distintivos espirituales, materiales y afectivos, las artes, las letras, el modo de vivir, las creencias y las tradiciones».

  

La sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Colombia de Colombia, que asegura que «retirar el crucifijo sería hostilidad antirreligiosa», enfatizó que la Constitución de 1991 obliga a la neutralidad del Estado frente al hecho religioso. «No está vetando entablar relaciones con las iglesias sino con unas sí y con otras no», afirmó, al aclarar que el hecho de que una religión católica esté más extendida «no implica un tratamiento privilegiado». Reclamó al demandante una «posición tolerante y respetuosa con las tradiciones culturales».

   

Además, la sentencia hace referencia a jurisprudencia comparada de altos tribunales como la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú de 7 de marzo de 2011, en la que señala la «radical incompetencia del Estado en materia de fe», que no debe de entenderse como indiferencia o posicionamiento institucional agnóstico o ateo. «Eso sería una especie de confesionalismo no religioso»; la del Tribunal Superior de Justicia de Santa Rosa en Argentina que apela a la «laicidad positiva», es decir, el recocimiento de la «trascendencia social» del hecho religioso y su observación desde el Estado como un elemento positivo para el Bien Común. Por lo tanto, no a la hostilidad, sí a la colaboración desde el respeto a la pluralidad e imparcialidad, concluyendo: «La Biblia o el Crucifijo son símbolos esencialmente positivos sin capacidad adoctrinadora».

  

La sentencia colombiana también cita la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de 18 de marzo de 2011 y el fallo Marsh vs Chambers de 1983 por el que la Corte Suprema de los EEUU avala como acorde a la primera enmienda de libertad religiosa de su Constitución el hecho de que las sesiones parlamentarias comiencen con una oración. «Forma parte del entramado social por 200 años».

   

Aun así, la cruda realidad es que los magistrados del tribunal constitucional colombiano han demostrado con su proceder el desprecio contra todo aquello que representa y simboliza el crucifijo, y son los mismos han abusado de su autoridad para anular de facto el papel del poder legislativo y pasar por encima de la voluntad del constituyente primario, al legalizar el aborto hasta la 24.ª semana de gestación, la eutanasia incluso frente a enfermedades no terminales, las “uniones homosexuales”, despenalizar el consumo de drogas, legitimar los “Acuerdos de La Habana” y suprimir la renovación de la Consagración de la República de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús.