HACIA LA EUTANASIA NÚMERO 100.000 EN CANADÁ

Noticia tomada de INFOCATÓLICA.

  

Un artículo firmado por Kelsi Sheren sostiene que Canadá alcanzará esta primavera la cifra de 100.000 personas muertas por el sistema de «Medical Assistance in Dying (MAiD)». La autora afirma que lo que se presentó como una medida excepcional para enfermos terminales se ha convertido en un desenlace habitual para personas vulnerables.

  

Canadá se dispone a causar esta primavera la muerte de su ciudadano número 100.000 mediante el programa de «Medical Assistance in Dying (MAiD)». La denuncia que acompaña ese dato descarta cualquier equívoco sobre el origen de esas muertes: «No en una guerra. No en un campo de batalla. No en un accidente médico. Matados por una política, por un gobierno que te quiere muerto».

La situación refleja el resultado de un fracaso estructural encubierto bajo un lenguaje sentimental. Un fracaso sistémico disfrazado de compasión. En esa misma línea, MAiD fue ofrecido al público como un recurso estrecho, reservado a enfermos terminales, una supuesta excepción «misericordiosa». Pero esa narrativa se considera ya insostenible: la muerte asistida se habría convertido en un desenlace habitual para personas que arrastran discapacidad, aislamiento, pobreza y problemas de salud mental.

Al observar lo que ocurre, incluso la comunidad internacional no habría asentido, sino retrocedido. Un pronunciamiento del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige a Canadá la derogación del llamado Track 2, definido como la vía legal que permite la muerte asistida a quienes no tienen una muerte razonablemente previsible. El comité calificó esa vía como «extremadamente preocupante».

La condena no se reduce a un juicio procedimental. El organismo sostiene que la ley se apoya en «percepciones negativas y capacitistas sobre la calidad y el valor de la vida de las personas con discapacidad», como si asumiera que el sufrimiento fuera inherente a la discapacidad, en lugar de reconocer el peso real de la desigualdad social y de la discriminación. Se insiste en que no se trata de una observación marginal: es el órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento por parte de Canadá de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado ratificado por el país en 2010.

Ese comité no solo manifestó inquietud, sino que pidió una corrección amplia y concreta. La recomendación citada es explícita: «Para garantizar el derecho a la vida de las personas con discapacidad», Canadá debe «derogar el Track 2 de MAiD… incluida la ampliación de 2027 a las personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental». Junto a ello, se recoge que la ONU instó también a no respaldar propuestas de acceso a MAiD para «menores maduros», a no permitir «solicitudes anticipadas» y a abordar fallos sistémicos que van desde la pobreza y la inseguridad habitacional hasta la falta de atención sanitaria accesible y de apoyos comunitarios.

El núcleo de la denuncia apunta a una paradoja moral: mientras se facilita el camino hacia la muerte, no se garantizarían las condiciones mínimas para vivir con dignidad. En ese contexto se subraya que el gobierno canadiense no recurrió la decisión judicial que abrió la puerta al Track 2. Se presenta esa decisión como un cambio de premisa, porque no solo amplió la elegibilidad, sino que desplazó el criterio hacia una lógica en la que la discapacidad podría operar como justificación suficiente, en lugar de limitarse a situaciones propias del final de la vida.

La ONU describió ese giro como una falsa dicotomía: se enmarca MAiD como «elección» mientras no se aseguran apoyos que hagan la vida verdaderamente vivible. En una sesión celebrada en Ginebra, Rosemary Kayess, vicepresidenta del comité de derechos de las personas con discapacidad, lanzó una pregunta directa a los representantes canadienses: «¿Cómo es que el Track 2 de MAiD no es eutanasia patrocinada por el Estado?». En esa misma intervención se cuestionó cómo Canadá puede no ver el Track 2 como una regresión y como un posible paso atrás hacia la eugenesia.

La acusación resume el conflicto en términos contundentes: cuando el Estado ofrece la muerte más rápidamente que la ayuda real; cuando normaliza la muerte asistida mientras infradota vivienda, atención sanitaria accesible, apoyos comunitarios y recursos de salud mental; cuando el sufrimiento generado por el abandono termina convertido en un billete hacia la morgue. Por eso la frase que se subraya es tajante: «Eso no es autonomía. Eso es abandono con formularios de consentimiento».

Naciones Unidas no hizo recomendaciones suaves: pidió derogación, freno de la expansión y un giro hacia apoyos efectivos, como vivienda, sanidad accesible, recursos comunitarios de salud mental, inclusión económica e igualdad real ante la ley. Sin embargo, la expansión continúa y la enfermedad mental sola está prevista como condición elegible en 2027, precisamente una ampliación señalada por la ONU como algo que debe revertirse.

La denuncia eleva entonces el tono y concluye que seguir adelante pese a una advertencia tan grave no es liderazgo, sino una obstinación moralmente culpable: «Eso no es liderazgo. Eso es negación. Eso es asesinato». A ello se añade una crítica final: no solo se estaría fallando a los vulnerables, sino que se estaría vendiendo su muerte como progreso, mientras el recuento crece hasta niveles que podrían convertir el sistema en una de las principales causas de muerte del país.

La razón por la que el pronunciamiento de la ONU importa, se insiste, es clara: si no se corrigen barreras estructurales —pobreza, atención inaccesible, ausencia de apoyos comunitarios— ofrecer muerte asistida no actúa como salvaguarda, sino como «una tirita sobre una herida de bala».